Posteado por: periodistarural | 16 abril 2009

Ley de Aguas, de cal y arena

agua-blog

Por Juan de la Puente
Miembro de la Red Prensa Rural
Columnista Diario La República de Perú 

Preocupa el silencio de los ministerios del Ambiente y de Agricultura ante a la indecorosa aprobación de la Ley de Aguas (Ley General de Recursos Hídricos), acto que rompió un trabajoso consenso y sienta precedente en el uso de métodos vedados para imponer una norma que, entre lo más riesgoso, abre la puerta al uso comercial intensivo del agua, contraproducente en la lucha contra el cambio climático que aconseja regulación, equidad, responsabilidad y participación de la comunidad. 

La ley, largamente esperada, tiene innegables aciertos como: 1) la creación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que articulará al Estado en la conservación del recurso hídrico; 2) el fortalecimiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente rector y máxima autoridad normativa, con facultades para aprobación de políticas, gestión del manejo del agua, supervisión y fiscalización; 3) las modalidades reguladas para el acceso a derechos de agua, trasvases y tarifas; 4) el señalamiento de que los usos agrícola y pecuario hídrico tienen prioridad sobre los otros usos productivos; y 5) la participación de la sociedad civil en el directorio de la ANA. 

No obstante, al parecer los más beneficiados con la aprobación de la norma son las unidades económicas que utilizan intensiva y contaminantemente el agua, principalmente empresas mineras, en posesión de más de 17 millones de hectáreas, gran parte de ellas ubicadas en las cabeceras de las 106 cuencas hidrográficas del país, desde donde discurre el agua a la costa, sierra y amazonía. Es sospechoso el retiro agónico de conceptos cruciales del dictamen original de la ley como: 1) que la administración del agua debe ser otorgada sin fines de lucro (artículo 2°); 2) que el trasvase de las aguas de una cuenca se realice bajo la consulta a las comunidades (artículo 15°); 3) que las comunidades sean socias en los proyectos hidráulicos que se ejecutan en su territorio (artículo 105°); y 4) la protección de las aguas de las cabeceras de cuenca (artículo 75°). Este resguardo habría sido fundamental para evitar la vulnerabilidad de la sierra alta, territorios donde nacen las aguas peruanas que deberían ser declaradas, inclusive, zonas de extrema protección. 

Es, asimismo, lamentable que el Parlamento haya votado contra el canon hídrico (artículo 95° del dictamen), y contra el orden de predación del agua dentro de un mismo uso productivo (artículo 55°). Lo primero habría significado la creación de un fondo para que la ANA y el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) financien el manejo sostenible de las cuencas y la modernización del riego, respectivamente. Lo segundo, habría permitido premiar el uso eficiente del agua y con menor impacto ambiental por parte de un usuario. Es evidente que en ambas votaciones se dieron la mano el mercantilismo y el populismo, temperamentos premodernos que impiden el uso racional y avanzado de este bien público.

Esta columna fue publicada en el Diario La República de Perú.

Crédito fotografía: © Edwin Huffman / World Bank

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