Posteado por: Alexander Schejtman | 16 junio 2010

Alianzas público-privadas: Potencial de transformación para el desarrollo territorial

Por Alexander Schejtman 
Investigador Principal de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

Se ha definido al desarrollo territorial rural como un proceso sostenido en dos pilares interdependientes: la transformación productiva y el desarrollo institucional. El primero de estos pilares plantea la necesidad de innovar en procesos, productos y formas de gestión en la producción de bienes y servicios del territorio. El desarrollo institucional, por su parte, hace referencia a las reglas formales e informales que gobiernan las relaciones de los agentes del territorio entre sí y de ellos con agentes externos. De la naturaleza de estas instituciones depende no solo el dinamismo de los procesos productivos, sino sobre todo la forma en que se distribuyen los resultados de la transformación productiva entre los agentes y, por lo tanto, el carácter incluyente o excluyente de la misma.

El territorio, por su parte, como construcción social, es un espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo consensuado entre los distintos sectores que conforman su tejido social. Es con este propósito que han surgido muchas fórmulas orientadas a crear instancias de participación, como las plataformas público-privadas, mesas, consejos, etc. Sin embargo, una abundante experiencia muestra que la gran mayoría de los casos terminan siendo experiencias frustradas en la medida en que no se toman allí decisiones sobre la orientación concreta de recursos de inversión.

En alguna medida, esta incapacidad de convertirse en herramientas de orientación de la actividad productiva no es ajena al hecho de que, hasta la reciente crisis financiera, la política pública estuviera inspirada en el llamado Consenso de Washington, con el mercado como la institución orientadora por excelencia, y en que fuera anatema la idea de una política inductora de determinadas actividades por parte del Estado, como la política de desarrollo productivo que hoy es retomada como política industrial por más de un país de la región.

Con este nuevo espíritu, y reivindicando sus mejores tradiciones, la CEPAL acaba de publicar el libro de Devlin y Moguillansky “Alianzas públicoprivadas para una nueva visión estratégica del desarrollo” que, a partir de una revisión sistemática y de una generalización de elementos claves de transformación productiva en Europa y en Asia, formulan once principios que apuntan a dar sentido a las potencialidades transformadoras de las alianzas entre el sector público y el privado.

Parafraseando algunos de dichos principios, y leídos desde la perspectiva del desarrollo territorial rural, podemos señalar que:

• El punto de partida lo constituye la formulación de una estrategia territorial consensuada, basada en políticas proactivas de desarrollo productivo (por ejemplo, política industrial).

• La concertación entre agentes del sector público y privado es un elemento clave tanto para la formulación como para la implementación de la estrategia.

• El liderazgo del proceso le corresponde a los ministerios y organismos encargados de actividades y sectores en la economía real (industria, agricultura, servicios, innovación). Los encargados de las finanzas vigilan la congruencia con los equilibrios macroeconómicos, pero no pueden, sopretexto de ello, subordinar las orientaciones del desarrollo productivo.

Se debe superar la cultura “cortoplacista”, promoviendo una cultura de pensamiento estratégico a mediano y largo plazo que sea movilizadora de las fuerzas vivas de los territorios.

• El proceso de implementación de la estrategia debe servir para el desarrollo de un servicio civil (en el sentido anglosajón de un civil service) altamente competente y alejado de las prácticas patrimonialistas.

• La evaluación sistemática y regular de la estrategia es una condición para su éxito y debe estar definida desde el inicio con instrumentos que den cuenta de la coherencia del proceso.

• Una alianza público-privada representativa de todos los sectores, y en especial de los más vulnerables, puede “minimizar el riesgo de que el gobierno se vea capturado por el sector privado” y superar la contradicción entre los plazos políticos de los gobiernos locales y los plazos medianos y largos requeridos para un proceso de desarrollo inclusivo.

Cabe señalar que dichas alianzas estarán dotadas del poder de definir la orientación de recursos concretos transformados en verdaderos pactos, contratos o convenios que comprometan a las partes.

Los invitamos a leer el sexto número de la Revista Equitierra entrando a:
www.rimisp.org/equitierra

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