Posteado por: periodistarural | 27 agosto 2010

¿Bosques o petróleo?

Por Ileana Gómez
Investigadora Principal del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente – PRISMA 

La dependencia energética de los hidrocarburos hace que las explotaciones petroleras se impongan a la conservación de los más importantes recursos naturales. Los bosques y la biodiversidad son secundarios frente a la posibilidad de extraer petróleo y convertirlo en fuente de divisas, en el caso de nuestros países centroamericanos la extracción de minas e hidrocarburos aparece como una opción para la generación de divisas a la cual los gobiernos no están dispuestos a renunciar y mucho menos en una época de crisis.

En Guatemala la extracción petrolera representa el tercer producto de exportación desde 2006, generando unos 123 millones de dólares anuales. El objetivo del presidente Colom es que Guatemala pase a ser un país petrolero y está dando pasos concretos en esa búsqueda. El pasado mes de julio Colom aprobó una ampliación, modificación y prórroga del contrato de explotación petrolera en el Petén específicamente en el Parque Nacional Laguna del Tigre, ubicado dentro de la Reserva de Biósfera Maya, que goza de un alto estatuto de protección por la riqueza de sus recursos naturales.

Pese a la férrea oposición de su ministro de medio ambiente Luis Ferraté, Colom firmó un contrato  por un total de 1,295 millones de dólares que permite continuar por 15 años la explotación petrolera que maneja la empresa Perenco de capital francés. Para esto fue necesario cambiar la legislación guatemalteca ya que la legislación en materia áreas protegidas impedía  que se abriera una nueva licitación, de manera que la Ley de Hidrocarburos fue modificada para que se permitiera prorrogar el contrato a Perenco.

Diversas organizaciones ambientales de Guatemala han argumentado que la actividad petrolera causa grave daño porque su infraestructura, especialmente las carreteras, han favorecido a los invasores de tierra, ganaderos y narcotraficantes que han destruido la selva maya. En 2009 la Convención Internacional Ramsar para la protección de humedales había recomendado no prorrogar el contrato petrolero por los impactos de contaminación que afecta el sensible ecosistema de la Laguna del Tigre.

Frente a esta oposición, la firma del contrato de extracción petrolera se ha revestido de una serie de medidas compensatorias, que permiten al presidente del vecino país ganarse el apoyo de actores territoriales como las alcaldías y las comunidades de la zona y, al mismo tiempo, contrarrestar la resistencia social a la extracción petrolera al nivel local y nacional.

Colom está convirtiendo la extracción del petróleo en una suerte de fuente de financiamiento para el desarrollo local, para el combate a la narcoactividad y otras actividades ilícitas como la ganadería y las tomas de tierra, que actúan como dinámicas depredadoras de los recursos de la Reserva de Biosfera Maya. Entre las promesas de Colom se encuentra el financiamiento con fondos del petróleo de seis destacamentos militares que formarían el primer “batallón verde” destinado a asegurar el control de la zona, nueve municipalidades recibirán un aproximado de 43 millones de dólares anuales, la Comisión Nacional de Aéreas Protegidas recibirá 0.1 de dólar, por cada barril de petróleo para financiar actividades de reforestación, y las asociaciones comunitarias de las comunidades por donde pasa el oleoducto recibirán 0.15 de dólar por barril para sanear el medio ambiente.

Organizaciones ambientalistas e instituciones académicas han interpuesto varias acciones legales contra la prórroga del contrato, pero todas han sido rechazadas. La sociedad civil en el Petén se encuentra dividida entre quienes apoyan y rechazan la medida. Lo cierto es que a pesar que el mismo gobierno había impulsado espacios de concertación multisectorial para la definición de una visión conjunta de territorio, la medida gubernamental no fue ni dialogada, ni consultada con los actores locales. Las compensaciones ofrecidas aparecen como regalías derivadas de una pragmática decisión vertical, despojando a los actores locales de la toma de decisiones que están definiendo altos costos para la conservación de sus recursos. Hay una idea simplista de que la reforestación remedia el impacto de la extracción petrolera en las áreas protegidas. Tampoco está clara la capacidad que tiene el Estado para garantizar que el dinero procedente de los fondos de petróleo sea ejecutado en forma transparente, en beneficio de las comunidades y de la protección y conservación de los recursos naturales.

La apuesta por las actividades extractivas es una tendencia de distintos gobiernos en América Latina, en algunos países como Bolivia y Ecuador supone fortalecer la participación del Estado en la participación de beneficios por la explotación de minas, gas o petróleo, sin duda para los gobiernos de los países en desarrollo que urgen de fondos  para impulsar su crecimiento, los recursos naturales siguen siendo una alternativa a pesar de los altos costos ambientales y sociales que esto supone.  

La crisis mundial por los efectos del cambio climático está obligando a construir novedosas alternativas. En Ecuador el proyecto del fondo para preservar la Reserva de Biósfera Yasuní propone crear un compromiso internacional para no explotar los recursos  petroleros estimados en 846 millones de barriles, a cambio de recibir una retribución internacional equivalente a la mitad del valor comercial de la explotación del crudo. De esta manera Ecuador recibe ingresos para impulsar su proceso de desarrollo y al mismo tiempo se evitan los impactos sociales y ambientales de la explotación petrolera dentro de la Reserva Yasuní, que con una superficie de 982 mil hectáreas en la amazonia ecuatoriana es uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta.

Usando esta figura, un grupo de diputados alemanes le han propuesto a Colom la creación de un millonario fondo de compensación económica a cambio de que el Estado desista de seguir la extracción del crudo en la reserva natural de Laguna del Tigre, sin embargo no han recibido respuestas, estos fondos son procesos que requieren una gestión de mediano plazo y no resultan en este momento atractivos a los intereses del gobierno de Guatemala.

Todavía estamos lejos de encontrar alternativas equilibradas para mantener el estilo de desarrollo económico actual y preservar al mismo tiempo los recursos naturales. Hay que tomar en serio las palabras del pueblo Huaorani que habita en la Reserva Yasuní: “si matan ustedes a la madre tierra, nosotros también moriremos”.

Este artículo de opinión fue publicado en el diario digital Contrapunto de El Salvador el 18/08/2010.

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