Posteado por: periodistarural | 8 noviembre 2010

Juan Manuel Ospina, Incoder: “Vamos por el botín de esta guerra”

Por Ricardo Gutiérrez
Miembro de la Red Prensa Rural
Periodista Diario El Espectador, Colombia

Si algo tiene claro Juan Manuel Ospina es que le quiere dar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) una dimensión distinta a la que ha tenido en sus siete años de existencia. Es insistente en indicar que la institución que gerencia hace dos meses debe orientarse en los pequeños y medianos empresarios, a diferencia de lo que se hizo hasta ahora.

El Espectador dialogó con este dirigente conservador sobre los retos que le esperan al frente de la entidad, los mismos que espera resolver echando mano de su experiencia como presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán).

¿Cómo encontró el Incoder?

Creo que lo primero que hay que destacar, y lo digo con mucho respeto a mis antecesores, es que el Incoder nació en un proceso de fusionar rápidamente cuatro entidades, conservó las responsabilidades de las cuatro, mas no sucedió lo mismo con la planta de personal ni con el presupuesto. En segundo lugar, el Incoder tiene como misión ser agente coordinador de las políticas de desarrollo rural, que están dirigidas fundamentalmente a la pequeña y mediana población campesina, y a generar condiciones para una vida digna en las comunidades rurales.

¿Y operó de esa manera?

En el anterior gobierno prevaleció la idea de que el actor principal, y parecía por momentos que único, del proceso agrario era el gran empresariado agroindustrial. La consecuencia fue que el Incoder nació, pero rápidamente quedó desprotegido y su razón de ser institucional perdió relevancia entre las prioridades del Gobierno. Creo que eso lo ha marcado profundamente, uno encuentra un Instituto que trataron de liquidar dos veces, que ha sido castigado presupuestariamente, que llegó a ser invisibilizado institucionalmente de una manera muy significativa. Honestamente no comparto esa visión satanizadora del Incoder, que fue en parte discurso del anterior Gobierno y del anterior Ministerio de Agricultura. Lo que encontramos fue un Instituto desmotivado, débil para asumir la tarea que le corresponde y desde ese punto de vista un Instituto vulnerable.

¿Y cómo cambiar eso?

Creo que ya está cambiando por una razón muy sencilla, porque apareció la voluntad política expresada por el Presidente de la República (Juan Manuel Santos) y por el Ministro (Juan Camilo Restrepo) de darles toda la importancia al desarrollo rural, a la política de tierras con la restitución como bandera, y a la formalización de la propiedad rural. Quien hace eso inmediatamente coloca al Incoder en la primera fila de las instituciones del Estado colombiano. Ahora nos corresponde demostrar que estamos a la altura del compromiso que nos ha asignado el Gobierno, y hago la apuesta de que lo vamos a lograr.

 ¿Y qué van a hacer para lograr los propósitos?

Viene un aumento de presupuesto para orientarlo prioritariamente a la formalización de propiedad rural, y recursos para apoyar proyectos productivos, de pequeños distritos de riego, que van a permitir que haya mejor utilización de esas tierras. Vamos a ver una recomposición del presupuesto del Instituto hacia estos proyectos, vamos a bajarles la intensidad a los grandes proyectos de riego.

¿Qué hacer con los tres grandes proyectos de riego que se empezaron a construir en el anterior Gobierno y cómo actuar en el futuro?

Esos distritos hay que terminarlos. Hacia adelante nos interesa desarrollar proyectos de riego, en algunos casos de drenaje, que estén a escala de las comunidades a las cuales  van a servir, que formen parte de la infraestructura de áreas donde esté entronizada la pequeña y la mediana producción. Los grandes distritos de riego que se hagan, obviamente con la supervisión del Estado, deben ser iniciativa de los particulares.

En concreto, ¿cuál va a ser el papel del Instituto en la política de restitución de tierras?

En ese tema hay que diferenciar entre lo que son las tierras con vocación productiva y todo el otro conjunto que son para desarrollos urbanos, para recreación, protección ambiental, etc. El Incoder va a tener la responsabilidad de organizar y acompañar todo lo que es el manejo de predios con potencial productivo.

En segundo lugar, vamos a conservar todas las atribuciones que se tienen hoy en día para adelantar procesos administrativos en relación con esas tierras. En esta operación de restitución vamos a ser apoyo en tres puntos fundamentales: en los procesos de restitución administrativa, en informar sobre las situaciones que deben ser puestas a consideración de los magistrados de las salas agrarias que va a crear la Ley y en tercer lugar acompañar a los campesinos que regresan a esos predios para que allí puedan desarrollar proyectos productivos.

Hace poco usted revocó decisiones del propio Incoder, ¿se comprobaron actos de corrupción?

Indudablemente en esta situación tan complicada que ha sido este conflicto armado, con narcotráfico entreverado, hubo funcionarios, no sólo del Incoder, sino de oficinas de registro o notarías, que tuvieron relación con los despojos. Esto se dio, negarlo sería imposible, de todo corazón espero que ya no se esté dando.

¿Cuáles serán las primeras acciones del plan de tierras?

Se diseñó un plan de choque. Primero se hizo un cruce de todos los predios que sufrieron despojo, de acuerdo con Acción Social, y los terrenos que el Incoder o el extinto Incora entregó en algún momento en sus programas de reforma agraria. Ese ejercicio dio una cifra de 50.934 predios sujetos a estudios. Después se focalizó en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó y Magdalena, y encontramos 20.018 predios, allí la cifra se redujo 8.992 que serán objeto de análisis y que incluyen 227.518 hectáreas. La otra parte del plan de choque es entre abril y junio del año entrante, en la cual se van a mantener unos equipos interdisciplinarios para darles prioridad a las restituciones administrativas.

 ¿Cómo será la reestructuración de la entidad para afrontar el tema de tierras?

Esto requiere formar equipos muy superiores al personal que hoy se está moviendo en este campo. El sólo plan de choque nos implica aumentar en un poco más del 30% el personal del Incoder, es decir alrededor de 240 personas.

¿Cuánto vale el proceso?

Sólo el plan de choque tiene un presupuesto de $3.200 millones y el 95% son gastos en personal, incluyendo gastos de viajes, viáticos. Los dos pilares son los abogados y los topógrafos.

¿Qué va a pasar con los baldíos?

No hay un inventario de baldíos y hay que hacerlo. En eso se trabaja por solicitud de titulación, se hacen los estudios correspondientes y si es posible se entrega el título. En promedio, de los estudios que se realizan, 60% concluye con titulación definitiva. La titulación es el elemento más importante para incorporar un elemento de formalidad en el campo, porque el dueño de esa tierra puede acceder a la ciudadanía como propietario; además se ha visto que es el método más efectivo para evitar que las tierras de los campesinos caigan o vuelvan a los narcocultivos, porque con esto el campesino tiene ya algo que perder. Claro que no basta, se requiere el acompañamiento de desarrollo rural.

Con el corazón en la mano, ¿cree que es posible lograr la meta que se ha impuesto el presidente Santos de restituir dos millones de hectáreas?

Esa es una buena pregunta. Creo que si el programa arranca con la energía que se le está poniendo, empieza a mostrar rápidamente los resultados que le hemos fijado como metas del plan de choque, perfectamente se puede generar una dinámica que nos permita cumplir, o por lo menos en un alto porcentaje. De todos modos esas no son cifras exactas, uno siempre debe poner 2 millones de hectáreas estimadas, porque no es fácil establecer cuánto fue despojado.

¿Es consciente de que están enfrentando poderosas mafias?

Sí. Acá no podemos dejar de lado que de alguna manera vamos  por el botín de esta guerra, porque unos de los grandes impactos que ha tenido este conflicto y una de las cuestiones que más busca el narcotráfico es el control territorial: por seguridad, porque son corredores, porque la tierra permite lavar capital: indudablemente es meter la mano en lo que ha sido el corazón del conflicto colombiano y eso obliga a ir siempre de la mano con la mayor cantidad posible de garantías de seguridad para estas poblaciones que se van a reubicar.

Por eso el plan de choque es focalizado y prioriza las acciones en el marco de las zonas de consolidación. Esto tiene que ir de la mano con el mejoramiento definitivo de las condiciones de seguridad en las zonas rurales.

¿En qué circunstancias se sentirá que ha cumplido con una buena gestión en esta entidad?

Si logré que el Incoder pudiera asumir plenamente su tarea de coordinador y animador e impulsador del desarrollo rural colombiano; en segundo lugar, ver un proceso de consolidación de una clase media rural en el país y, tercero, lograr que los jóvenes vean en el sector rural posibilidades ciertas de futuro. Si ellos dicen “Me quedo en el campo”, habremos triunfado.

Entrevista fue publicada en el diario El Espectador de Colombia
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