Posteado por: periodistarural | 20 diciembre 2010

Nuevas rutas hacia la igualdad de género

Por Carolina Taborga
Especialista de Programas América Latina y el Caribe UNIFEM, ONU – Mujeres

El 2 de julio del 2010 se creó ONU Mujeres, la nueva entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, aglutinando a las cuatro organizaciones del Sistema de Naciones Unidas que trabajaban este ámbito: la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Oficina de la Asesora Especial del Secretario General en Asuntos de Género (OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

En América Latina y el Caribe, ONU Mujeres tendrá entre sus retos más importantes apoyar procesos que disminuyan la desigualdad. El Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca que la desigualdad es uno de los principales rasgos de las sociedades en la Región y señala que, mientras no se ataquen de manera sistémica las bases que la generan, continuaremos promoviendo medidas paliativas en la lucha contra la pobreza, la discriminación y la exclusión de importantes sectores de la población.

El informe resalta que las desigualdades se expresan a nivel de territorios (regiones  postergadas, en particular el área rural); a nivel de género, donde las mujeres tienen menor acceso al mercado laboral, menores ingresos, escasa seguridad social, sobrecarga de trabajo doméstico y limitada participación en los puestos políticos y de decisión en el sector público y privado; y a nivel de origen racial y étnico: los indígenas y afrodescendientes –que representan aproximadamente el 30% de la población total– se encuentran en situaciones de mayor pobreza y menor cobertura de los servicios de salud, educación, sanidad básica y otros.

En este contexto, ONU Mujeres tiene un desafío importante en la lucha por los derechos de las mujeres para alcanzar sociedades más justas e igualitarias. El documento elaborado por CEPAL para la XI Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe (julio 2010) – ¿Qué Estado para qué igualdad?– sostiene que los Estados deben garantizar la igualdad de hombres y mujeres de los distintos grupos étnicos, raciales y socioeconómicos. Las recomendaciones del Consenso de Brasilia, aprobado al final de la Conferencia, son una hoja de ruta para que los Estados de la Región avancen en este sentido, cuya implementación deberá apoyar ONU Mujeres.

Asimismo, en un trabajo conjunto con los gobiernos y la sociedad civil, la nueva entidad tendrá que apoyar en la identificación de los mecanismos que representan el anclaje de las desigualdades y en su eliminación. Entre los desafíos que podemos abordar en particular desde la perspectiva de las mujeres productoras del área rural, destacamos al menos tres.

Primero, se requiere entender que ellas no solo necesitan un mayor acceso a los recursos económicos y productivos como son la tierra, el agua, los servicios, el crédito, la asistencia técnica y los mercados, sino también procesos que impulsen el desarrollo sostenible con un enfoque territorial, en los que se reconozca la existencia de dinámicas ecológicas, económico-productivas, además de una cultura y relaciones de poder.

Segundo, es preciso abrir espacios para que las mujeres participen en el debate global de la llamada “economía verde”, ya que la propuesta de desarrollo de nuevas tecnologías para la conservación de los recursos naturales y la disminución en la emisión de gases invernadero debe analizarse en relación con las economías locales y el papel económico de las mujeres, incluyendo sus conocimientos tecnológicos y tradicionales en temas relacionados con el medio ambiente y la seguridad alimentaria, entre otros.

Y, tercero, es necesario asumir que el mayor acceso a los recursos económicos y a los puestos de decisión en el ámbito político de las mujeres, debe ir acompañado de medidas que concilien el trabajo remunerado y no remunerado en el que participen tanto hombres como mujeres.

Las respuestas a estos desafíos no son simples, porque requieren de enfoques integrales que incluyan no sólo temas relacionados con políticas públicas, sino con un replanteamiento del papel del Estado, del mercado y de la familia, así como compromiso, voluntad política y una dosis de imaginación para alcanzar lo que desde hace mucho se les debe a las mujeres: sociedades que respeten sus derechos y en las que puedan realizar plenamente sus capacidades.

Los invitamos a leer el séptimo número de la Revista Equitierra entrando a:

www.rimisp.org/equitierra

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