Posteado por: periodistarural | 25 febrero 2011

Confluencia de voluntades para afrontar la pobreza rural

Por José Antonio Mendoza Zazueta
Secretario técnico del Grupo de Trabajo en México del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

Una treintena de personajes de la academia, de organizaciones sociales y empresas, así como del ámbito gubernamental, pretenden empujar propuestas que modifiquen las políticas públicas orientadas a enfrentar la pobreza rural. Este grupo comenzó a sesionar formalmente con tal propósito el 19 de enero pasado, en el marco de un proyecto denominado Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, que ejecuta Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El reto no es poca cosa y el sentimiento es de urgencia: los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), contenidos en su Panorama social de América Latina (de diciembre de 2010), indican que en México 46 por ciento de la población nacional sufre pobreza y pobreza extrema, con datos al 2008. Pero la estadística se dispara al considerar exclusivamente las zonas rurales, donde más de 60 por ciento de las personas son pobres y tres de cada diez viven en la indigencia, esto es sufren la peor y más inhumana de las carencias, la de los alimentos. Como dato comparativo, en el ámbito urbano uno de cada diez mexicanos padece hambre.

La iniciativa –que se ejecuta paralelamente en Colombia, Ecuador y El Salvador– ha sido asumida con gran compromiso por el rector de la UNAM, José Narro Robles, y por el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, el primero con el liderazgo del proyecto desde la perspectiva de la sociedad y el segundo desde el plano de la autoridad gubernamental. Y el coordinador general del proyecto en los cuatro países, Julio Berdegué, que es investigador de Rimisp, con sede en Santiago, Chile, ha sido muy definitivo al afirmar ante el grupo de trabajo y ante la prensa misma que a pesar de los múltiples programas y estrategias aplicados en América Latina, y particularmente en México, la pobreza rural no está retrocediendo con la velocidad que requieren las familias afectadas y, en realidad, que requieren los países, pues si bien el problema es un asunto de dignidad y justicia social, “también es componente y causa de otros problemas críticos en la región: la desesperanza, el sentido de exclusión que millones de jóvenes sufren, la violencia y los conflictos sociales y políticos”.

El objetivo del proyecto es generar un encuentro de voluntades de los personajes convocados –y que aceptaron participar–, porque son hombres y mujeres con capacidad de incidir directa o indirectamente en la agenda del gobierno para el logro de políticas públicas enfocadas a la superación de la pobreza rural que sean realmente eficaces y de alto impacto. En el grupo participan personalidades de la talla de Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la UNAM y coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social; Heladio Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores; Roberto González Barrera, presidente del Grupo Maseca; Lorenzo Servitje, presidente honorario del Grupo Bimbo; Juan Carlos Cortés, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) y experta en micro finanzas y bancos rurales, y Julia Carabias, ex secretaria de Medio Ambiente, entre otros de igual valía.

Siendo objetivos, esta tarea de hacer confluir intereses y voluntades de un grupo tan diverso como el que aquí menciono no es fácil, pues siendo la pobreza rural un fenómeno multidimensional, crónico y transgeneracional, tiene múltiples facetas que han dado pie a diversas y variadas intervenciones públicas y al juego de diversos intereses no siempre complementarios entre sí y en algunos casos incluso contradictorios.

Ello se agudiza ahora, cuando las fuerzas políticas están confrontadas cada vez más en contiendas electorales y cuando la sociedad rural está en medio de las presiones generadas por la modernización, la sociedad de consumo y la situación global de volatilidad de precios y cambio climático, todo lo cual trastoca las estrategias tradicionales de trabajo y vida y las necesidades y expectativas de la gente, propiciando con ello la emigración y el deterioro del tejido social y familiar, y peor, haciendo más tentador el acceso a las actividades ilícitas.

Pero la pobreza rural es de tal magnitud y complejidad que requiere soluciones que rebasan el ámbito gubernamental y además exige una participación ciudadana responsable y comprometida. El propio rector José Narro llamó al grupo a acometer una hazaña pues enfrentar la pobreza lo amerita de verdad, y así lo dijo literalmente.

Las evaluaciones y los estudios más recientes sobre pobreza rural, algunos elaborados por organismos multilaterales, arrojan conclusiones que llaman a la reflexión y a la tarea de ajustar las políticas públicas. Entre ellas está el que en México se gasta mucho y se obtiene poco; además no existe una correlación consecuente entre el incremento porcentual del gasto público y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) primario; la agricultura es una valiosa plataforma, pero no puede por sí sola resolver la pobreza rural; los subsidios públicos al medio rural –casi 300 mil millones de pesos anuales en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC)– están más orientados a la provisión de apoyos a privados que al gasto en bienes públicos.

Y por último, la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros integrales no están debidamente considerados en el gasto público, a pesar de su innegable valor y pertinencia en la superación de la pobreza alimentaria (como resalta Isabel Cruz: los censos agropecuarios más recientes muestran que sólo seis por ciento de todos los productores del campo del país tienen acceso al crédito y apenas tres por ciento al servicio de ahorro).

Estas ideas estarán puestas sobre la mesa de discusión del grupo de trabajo conformado en el proyecto mencionado, y también estarán los indicadores estructurales de la población rural pobre:

Según el padrón de beneficiarios de Oportunidades, la mayoría de estas personas carecen del activo tierra, y quienes sí tienen no pueden vivir de la agricultura, pues sus predios son reducidos y dependen del temporal. Asimismo, esta población muestra un fuerte rasgo étnico y una creciente proporción de hogares con jefatura femenina, altas tasas de dependencia alimentaria y bajos niveles de desarrollo humano. Está altamente expuesta a los riesgos y choques macroeconómicos y a las contingencias climatológicas, además de que los recursos naturales de su entorno están seriamente deteriorados. La población vive dispersa y en relativo aislamiento, enfrentando en consecuencia un difícil acceso a los mercados, a los servicios, incluso los de salud, y una muy deficiente conectividad.

Estamos hablando de micro regiones y miles de comunidades marginadas con empleo precario, estacional y con limitado acceso a la seguridad social, que irónicamente son receptoras de importantes volúmenes de dinero fresco por medio de transferencias públicas, remesas o la venta de sus productos y mano de obra, pero que no cuentan con la cultura financiera ni el acceso a los servicios financieros integrales que facilitan el ahorro preventivo o los micro seguros de vida para enfrentar las temporadas de menor actividad económica.

En fin, los datos, los diagnósticos allí están. Lo que esperamos es que el grupo de personajes convocados se pongan de acuerdo e incidan efectivamente en una mejora de las condiciones de la población rural.

Columna publicada el 19 de febrero en La Jornada del Campo de México

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