Posteado por: periodistarural | 11 mayo 2011

Megaproyectos y comunidades, una disputa no resuelta

Por Ileana Gómez
Investigadora Principal del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente – PRISMA 

En la idea más convencional de desarrollo los grandes proyectos de infraestructura como las vías de comunicación, puertos, represas, aeropuertos, urbanizaciones para el turismo o zonas francas representan opciones para la dinamización económica de los territorios, con la idea de movilizar productos, generar empleos o fortalecer la conectividad entre las zonas rurales  y urbanas.  Con esta visión se han diseñado proyectos no sólo en El Salvador sino en los distintos países en desarrollo.

Particularmente Centroamérica tiene un momento de auge de estas nuevas inversiones, muchas las cuales se realizan sobre territorios rurales cuyas poblaciones  han estado marginadas económica y socialmente.  Pero que cuentan con sus propias estrategias de medios de vida, para las cuales han contado con poco o ningún apoyo estatal.  Más bien, en muchos casos las comunidades han creado sus propias alianzas ya sea con la cooperación y solidaridad internacional, iglesias, o bien han constituido redes de comunidades organizadas que tienen en común principios ideológicos,  historias comunes o vínculos étnicos.

Es decir que cuando un gran proyecto planificado con la idea de desarrollar económicamente a un territorio o a un país aterriza en las zonas rurales, se encuentra con lógicas comunitarias para las cuales las ventajas del gran proyecto, llamado carretera, puerto, fábrica, hotel etc., no conllevan una ventaja directa, sino más bien implican una serie de rupturas que afectan las débiles estrategias de medios de vida comunitarios, que responden principalmente a garantizar la sobrevivencia de los pobladores.

La comunidad de Guarjila en Chalatenango está viviendo este dilema, es la única población que será literalmente partida en dos por el trazo de la Carretera Longitudinal del Norte, lo que supone partir también la lógica de la vida comunitaria. Recordemos que Guarjila es una comunidad que se reinventa en la postguerra a partir del esfuerzo organizado de los pobladores. Las energías comunitarias han estado en estos años volcadas a asegurar la sobreviviencia de las comunidades a través de esfuerzos comunitarios para garantizar que se cubran sus necesidades fundamentales, para esto han contado con el apoyo de la solidaridad y cooperación internacional, en cambio el rol del Estado ha sido mucho menos relevante.

La organización comunitaria es un sello de Guarjila y uno de sus principales recursos, además constituye una parte importante de su identidad, sin embargo ha sido puesta a prueba a la hora de manejar las implicaciones que supone la Carretera Longitudinal del Norte para los pobladores. La directiva anterior avaló el proceso de diseño de la carretera, pero esta decisión no cuenta con la aprobación de todos los pobladores, que demandan no solo mayor información de los impactos que este proyecto conlleva para la comunidad, sino que la información sea compresible, además exigen  un proceso donde ellos tengan un rol más activo y se tomen en cuenta sus propuestas.

El MOP y FOMILENIO no ha seguido una línea sistemática para atender el conflicto. En general las organizaciones estatales que gestionan este tipo de proyectos no cuentan con procedimientos institucionalizados para vincularse con las comunidades afectadas, en este caso se ha improvisado mucho lo cual genera incertidumbre y falta de confianza de los pobladores hacia los funcionarios. Estos no tienen claridad de cuál es su rol, no definen líneas claras de procedimientos para la difusión de información, esclarecer dudas y atender demandas. Mucho menos están preparados para promover espacios de solución de conflictos.

El Salvador necesita actualizar los procedimientos de participación ciudadana, sobre todo cuando las comunidades enfrentan temas trascendentales que pueden cambiar radicalmente sus medios de vida. Las consultas públicas han quedado desfasadas  y son instrumentos muy limitados de participación. Además hay poca credibilidad en estos mecanismos por la forma en cómo se han manipulado en el pasado. No existe actualmente un marco que defina la participación ciudadana en las decisiones comunitarias, locales o nacionales. Casi todos los países de Centroamérica cuentan con leyes o códigos para la participación ciudadana, que es un instrumento que brinda un marco para una mejor representación de los intereses comunitarios y para la solución de conflictos.

En El Salvador carecemos de este tipo de mecanismos. Su ausencia puede desestabilizar la gobernanza sobretodo en momentos en que aparece una nueva ola de megaproeyectos relacionados con la extensión de zonas de turismo residencial, la construcción de proyectos hoteleros, la ampliación del Puerto de Cutuco,  así como la futura ampliación de la carretera del Litoral, que será parte del FOMILENIO II. Ninguna comunidad se opone a los proyectos sin razón, simplemente es una reacción naturalmente defensiva frente a proyectos concebidos desde arriba y desde afuera.

El caso de Guarjila como el de otras poblaciones en El Salvador evidencia que necesitamos por una parte fortalecer las estrategias de participación y representación comunitaria, pero también crear propuestas de desarrollo territorial que además de responder a los desafíos de desarrollo del país sean opciones de mejoramiento para las comunidades donde se asientan. Sin estos elementos no hay progreso posible.

Columna de opinión publicada en el diario digital Contrapunto de El Salvador.

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