Posteado por: periodistarural | 1 junio 2011

Recursos naturales en el ojo de las grandes inversiones

Por Ileana Gómez
Investigadora Principal del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente – PRISMA

En Latinoamérica y el Caribe las inversiones en recursos naturales como la minería, extracción petrolera y de gas, expansión de la agroindustria de monocultivo y las plantaciones para biocombustibles se han incrementado notablemente en los últimos años, conformando lo que se empieza a conocer como “el modelo neo-extractivista”. En el caso de Sur América, el informe de CEPAL “La inversión extrajera directa en América Latina y el Caribe” deja claro como las inversiones en recursos naturales forman el 43% de la inversión extranjera directa en 2010, lo que ha cobrado auge a raíz del crecimiento de la demanda de bienes primarios de las economías crecientes como China. El mejor exponente de esta tendencia es Brasil, donde el 39% de los flujos de inversión corresponden a recursos naturales, principalmente petróleo, gas y minería.

En Centroamérica
, según este informe, la inversión en recursos naturales es mucho menor, alrededor del 5%. Pero cualitativamente implican una importante reorganización del territorio, tanto de áreas productivas, asentamientos poblacionales y de las áreas protegidas bajo figuras de conservación convencional, además estas inversiones también pueden transgredir los derechos y la propiedad de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Aun faltan investigaciones y espacios de opinión donde se evalúe el tipo de inversión que esta prevaleciendo en la región, o los impactos territoriales y ambientales que estas suponen. Hace dos años un estudio sobre las fuentes generadoras de divisas en Centroamérica reveló la importancia de estas actividades en la economía y la transformación territorial de nuestros países (Rosa, 2009). Por ejemplo, en Guatemala la extracción petrolera llegó a ser la tercera fuente de divisas en 2007, mientras tanto la minería se está expandiendo gracias a las inversiones de 4 grandes grupos canadienses. En Costa Rica la agroindustria de exportación, sobretodo de piña y naranja para procesamiento y exportación de concentrado a industrias transnacionales, constituye una de las mayores fuentes de divisas, la expansión de estos cultivos funciona principalmente con mano de obra nicaragüense. Otro sector que ha ganado peso en las economías de la región es el turismo y la inversión inmobiliaria. En el caso de Costa Rica estas actividades produjeron masivos flujos de inversión extranjera, llegando a casi los mil millones de dólares en 2007.

Las grandes inversiones conllevan nuevos énfasis en los servicios que proveen los ecosistemas, la costas son valoradas por su belleza escénica y puestas en valor para un turismo de sol y playa para extranjeros, o bien para promover la extensión de camaroneras, las tierras de cultivo de granos básicos se ponen en función de producir biocombustibles, los bosques y montañas se valoran por los recursos del subsuelo para extraer metales o petróleo. En muchos casos estas actividades se realizan en áreas naturales protegidas o reservas de biósfera como sucede con la Reserva de Biosfera Maya donde hay fuerte actividad de extracción de petróleo, o en la mosquitia nicaragüense donde se realiza la actividad minera. En la Reserva de Biosfera de la Bahía de Jiquilisco en El Salvador, desde hace tiempo existe un proceso de compra venta de tierra para proyectos de turismo que aun están bajo la manga y parecen ser financiados por grandes capitales nacionales, los mismos que han invertido en millonarias sumas en bienes raíces en Costa Rica, Panamá y Colombia.

Los territorios indígenas y afrodescendientes también están en la mira de grandes inversiones en recursos naturales
, los proyectos de turismo ha producido fuertes conflictos y represión hacia los pueblos garífunas en Tela, Honduras; la pretensión del gobierno de Panamá de atraer inversiones mineras en territorios de los Ngobe Buglé, provocó violentos enfrentamientos que llevaron al gobierno a desistir de modificar la ley de minería; la construcción de la represa hidroeléctricas Diquís en Costa Rica enfrenta la oposición del grupo indígena Térraba por la ocupación de sus territorios, este caso está siendo revisado por las Naciones Unidas.

Buscar la inversión extranjera o motivar la inversión de los grandes capitales nacionales no es en sí mismo la palanca hacia el desarrollo con equidad y sustentabilidad. Debe existir un proyecto de país, pero también de región por la intensa vinculación que hay de los procesos sociales y dinámicas ambientales en nuestros países. Por ejemplo, una inversión en minería en Guatemala afectará notablemente la calidad del agua que se consume en el Gran San Salvador debido a la contaminación de la cuenca alta del río Lempa.

En el caso de las apuestas económicas de cada país, el ejemplo de Honduras resulta aleccionador
, recientemente el gobierno realizó el evento “Honduras is open for business” en el cual unas 1,500 empresas examinaron 147 proyectos presentados por el régimen hondureño. Estos suponen una inversión de más de 14 mil millones de dólares, casi equivalente al PIB de Honduras del 2010. Los proyectos se dirigen a 6 sectores de inversión: agronegocios, energía renovable, forestal, infraestructura, textil y turismo. Para el movimiento social hondureño esto no significa mejoras, sino una profundización de las desigualdades, pérdida de culturas ancestrales y extracción de los recursos naturales a costa de los derechos de la población.

Para agilizar las inversiones se aprobó rápidamente la Ley para la Protección y Promoción de Inversiones, con la que se garantizarán los derechos de los inversionistas, pero ¿Quién y cómo se protegen los derechos de los pueblos frente a estas inversiones? En Honduras, a pesar de la inestabilidad política se han desarrollado proyectos como monocultivos para la exportación, hidroeléctricas, minería, zonas francas y los megaproyectos turísticos. Para las cuentas macroeconómicas estas inversiones se pueden traducir en cifras atractivas, pero para el movimiento sindical “han generado explotación, precarización del trabajo, violación a los derechos humanos e inseguridad alimentaria” (Trucci, 2011). En el Bajo Aguan la extensión de plantaciones de palma africana por parte de fuertes grupos empresariales hondureños, esta propiciado una dinámica de acaparamiento de tierras que deriva en una espiral de violencia. Al menos 27 integrantes de organizaciones campesinas han sido asesinados entre 2010 y 2011. Honduras muestra que la cara oscura de las inversiones debe ser tomada en cuenta en el momento de pensarlas como parte de una estrategia de desarrollo nacional.

Por el contrario, en El Salvador la baja inversión extranjera ha sido un tema de interés en diversos espacios de opinión pública nacionales a raíz de la publicación del informe de la CEPAL, que lo caracteriza como el país con menos inversión extranjera en Centroamérica. Buscando la promoción de la inversión nacional e internacional, recientemente un grupo de economistas salvadoreños y norteamericanos finalizaron el diagnóstico sobre los obstáculos para el crecimiento económico de El Salvador, como parte de la iniciativa “Asociación para el crecimiento” ofrecida por el presidente Obama. El informe señala dos restricciones vinculantes al crecimiento, violencia e inseguridad y baja productividad en el sector transable; además identifica otras restricciones no vinculantes como un bajo capital humano, debilidad institucional, elevada informalidad de la economía, riesgos macroeconómicos, incertidumbre política, cambio climático, riesgo y vulnerabilidad.

Si bien El Salvador no cuenta con el tipo y cantidad de recursos naturales que requieren las nuevas apuestas del gran capital y las economías crecientes, si las reglas para la inversión de los grandes capitales no están claras y si no hay participación de los actores desde sus territorio se pueden reproducir condiciones para que se transgredan fácilmente los derechos ciudadanos, especialmente por la alta densidad de población, vulnerabilidad ambiental y niveles de pobreza. Existen señales de que se está buscando poner algunas reglas en marcha, se ha aprobado la Ley de Ordenamiento Territorial, hay una propuesta de ley para los Asocios Público-Privados, se están implementando Evaluaciones Ambientales Estratégicas para la minería y los biocombustibles, además se está promoviendo la participación del Consejo Económico Social en la evaluación de los resultados del diagnóstico de los obstáculos para el crecimiento, buscando consensuar acciones que permitan revertir este proceso.

Pero aun no existe ningún proyecto de desarrollo como país, que contextualice la inversión que se busca y que defina el rol de los actores en este proceso. Por esto, la negociación y el acuerdo de qué tipo de inversiones se busca atraer y en qué condiciones, debe quedar claro para todos. Este podría ser el gran legado del presente gobierno salvadoreño si piensa contribuir realmente a encontrar nuevas pautas para un desarrollo inclusivo y sustentable.

Columna de opinión publicada en el diario digital Contrapunto de El Salvador.

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