Posteado por: Julio Berdegué | 2 agosto 2011

La pobreza campesina en América Latina tiene solución

Por Julio Berdegué
Investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y Coordinador del programa Dinámicas Territoriales Rurales

A inicios de los años 80s –cuando comienzan a instalarse las políticas neoliberales– América Latina tenía 73 millones de pobres rurales, de los cuales 40 millones estaban en situación de pobreza extrema o pobreza alimentaria. En 30 años, hasta fines de la década del 2000, habíamos logrado reducir el número de pobres rurales a 59 millones y el de extremadamente pobres a 33 millones. En términos relativos, pasamos de 60 por ciento de pobreza rural y de 30 por ciento de extrema pobreza rural, a 53 y 30 por ciento, respectivamente.

¿Qué nos dicen esos números? Primero, que la pobreza rural no es toda culpa del neoliberalismo y de los mercados; ya estaba ahí y con enorme fuerza, cuando teníamos un modelo de desarrollo con más presencia del Estado y menos del mercado y de la sociedad civil. Se equivocan, por tanto, quienes creen que es cosa de controlar los mercados y de hacer que el Estado tenga más poder relativo para acabar con la pobreza rural. El Estado en América Latina ha sido muchas veces parte del problema.

Los datos también indican que como región, en conjunto, vamos mejorando. Pero el avance es extremadamente lento, y la pobreza rural cae a una velocidad que es totalmente inaceptable. En promedio menos de medio millón de habitantes rurales han logrado salir de la pobreza cada año en las tres décadas recientes. A este ritmo podríamos tardar cien años más hasta lograr que la pobreza desaparezca. Los números también dicen que la pobreza rural es hoy más profunda, más dura, que la observada hace 30 años, pues la pobreza extrema ha sido más persistente y más difícil de abatir.

Las sociedades rurales ya no toleran más esta dilación que se parece mucho al estancamiento, y las sociedades actúan a veces de una forma que no es la que quisiéramos, como la migración o el recurso de la violencia, y la agudización del conflicto. Las sociedades actúan “con los pies” y con “el arma de fuego”.

Esta vista general de la región empeora si uno saca a Brasil y a Chile del cuadro, los únicos dos países que han logrado reducir en forma realmente significativa la pobreza rural, incluyendo aquella más extrema. En términos netos, estos dos países son los responsables de la mayor parte de la reducción de la pobreza rural en el total regional. Brasil pasó de 70 por ciento a 39 por ciento de pobreza rural en los 20 años recientes, y Chile de 39 a diez por ciento.

¿Qué han hecho estos dos países para tener tanto éxito en reducir la pobreza rural? Primero, son naciones cuyas economías han crecido con vigor y en forma persistente durante años. Digámoslo claramente, la principal herramienta de superación sostenida de pobreza es la creación de más y mejores empleos; sin eso, lo demás son parches y aspirinas que a lo mejor mitigan el dolor, pero no lo curan. El éxito de las transferencias condicionadas de ingresos por medio de programas como Oportunidades en México, nos lleva a olvidar que, al final del día, la superación de la pobreza no puede ser sino fruto del desarrollo, y que la segunda variable no puede ser reemplazada sostenidamente por el gasto público.

En segundo lugar, junto con sus políticas pro-mercado, Brasil y Chile muy tempranamente dejaron de creerse el cuento de que el mercado solucionaría todos los males sociales. Ambas naciones cuentan con una vigorosa estrategia nacional de desarrollo e inclusión social, donde las políticas públicas, pensadas, diseñadas y dirigidas por Estados competentes, son una pieza central. Y no hablamos sólo de políticas públicas sociales, que también las hay, sino de políticas públicas orientadas a mejorar las oportunidades y las capacidades de los pobres rurales para integrarse a la economía y al desarrollo de sus países por la vía de los pequeños negocios familiares, de la organización económica, y del trabajo asalariado de mejor calidad. Dichas políticas públicas involucran grandes subsidios, pero no dependen de ellos en forma exclusiva.

Tercero, ni el mercado ni la política pública actúan en un vacío social e institucional. Brasil y Chile son sociedades vigorosas, donde las reglas del juego recompensan en mayor grado que en otros países la cooperación, la iniciativa y el emprendimiento individual y social. Se trata de sociedades que facilitan –o dificultan menos que otros países– el esfuerzo de los pobres rurales para salir adelante como hogares, como organizaciones o como comunidades. Hay clientelismo y corrupción en Chile y en Brasil, pero no son esas las formas principales en que los ciudadanos pobres se ven obligados a relacionarse con el Estado, como sí suceden en otras naciones de América Latina. El tejido social en Brasil y Chile no está roto ni debilitado, y eso implica que los ciudadanos pobres rurales pueden confiar más unos en los otros, pueden colaborar y actuar colectivamente con más facilidad. Tienen una expectativa razonable de que sí pueden mejorar su condición de vida y que el Estado no es uno de sus principales enemigos.

Es el esfuerzo nacional para construir estos factores, y no la simple transferencia de subsidios monetarios a los pobres, lo que distingue a quienes han tenido mayores éxitos en reducir la pobreza rural.

Columna fue publicada en La Jornada del Campo de México

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