Posteado por: periodistarural | 2 noviembre 2011

El lugar más vulnerable

Por Ileana Gómez
Coordinadora Pro-Tempore del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente – PRISMA

De todas las regiones tropicales Centroamérica es el punto más vulnerable al cambio climático, así lo afirma el Informe sobre El Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 2010. A mediados de octubre esta afirmación fue absolutamente verificada, las intensas lluvias provocadas por una depresión tropical de nombre poco mediático, la Depresión Tropical 12E, provocaron la pérdida de un centenar de vidas humanas, un millón de damnificados, graves daños a la infraestructura y pérdida de buena parte de las cosechas de maíz y frijol que son básicas para la dieta básica de los pobladores rurales.

En El Salvador un 85% de las costas fueron inundadas, hay más de 50 mil damnificados. Sólo en el municipio de Jiquilisco, en Usulután un 30% de su población tuvo que ser evacuada y resguardada en albergues.

De acuerdo a las autoridades salvadoreñas estas lluvias fueron más intensas y prolongadas que el Huracán Mitch, han dejado más daños materiales y puesto en jaque la seguridad alimentaria de pobladores rurales. Sin embargo, el número de víctimas fatales se redujo sustantivamente como producto de una mayor información del fenómeno gracias a las inversiones en tecnología por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y a la agilidad de las evacuaciones por parte del sistema nacional de emergencia que coordina la acción del gobierno central, municipalidades y fuerza armada.

La acción frente a la emergencia tiene hoy un rango institucional cualitativamente más efectivo que hace 14 años cuando el Mitch nos encontró con un gobierno no apto para enfrentar este fenómeno, una población sin preparación alguna y mucha desinformación sobre este tipo de eventos naturales.

Queda todavía el largo camino de enfrentar las causas estructurales que configuran la aguda situación de riesgo prevaleciente: la injusticia social que se expresa en la ubicación de viviendas en zonas no aptas como quebradas, pendientes, zonas costeras inundables, con precarios materiales de construcción; y la falta de cuidado de la naturaleza por la constante degradación ambiental a partir del mantenimiento de  prácticas agrícolas que erosionan la tierra y la contaminan con el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos, la extracción descontrolada de arena en las márgenes de los ríos, más los criterios deficitarios para la construcción de caminos y obra pública.

Al nivel de las políticas públicas se requiere avanzar prontamente en la gestión efectiva del riesgo al nivel nacional para disminuir la afectación social y económica. En los territorios que constantemente están sometidos a inundaciones y evacuaciones como el Bajo Lempa se han estado practicando por años diversas estrategias de gestión de riesgo, pero en esta zona la gestión del riego no depende solamente de la convicción y capacidad de reacción de sus habitantes frente a la emergencia, sino de políticas que permitan un manejo más integral de las cuencas y zona costera. Es clave encontrar estrategias para el mejor manejo de las descargas de las represas hidroeléctricas en el rio Lempa y construir un sistema más resistente de bordas, pero también promover la restauración de las cuencas del Lempa, así como las del Paz, Jiboa y Río Grande de San Miguel, todas ellas severamente degradadas.

La gestión local del riesgo, vinculada a una estrategia de alcance nacional, es indispensable para avanzar hacia una menor vulnerabilidad frente a los desastres causados por eventos climáticos, pero también por sismos y maremotos. Una nueva cultura social de adaptación al cambio climático a partir de la gestión del riesgo debería surgir de la emergencia de octubre. Esto significa educar en el conocimiento de la vulnerabilidad social y ambiental del territorio a todos los ciudadanos, cada hombre, mujer, joven, niño y niña, anciano y anciana tienen el derecho y el deber de contar con información para reconocer cuales son las zonas más vulnerables de su vecindario y localidad, de entender cuáles son las prácticas agrícolas, extractivas y productivas que degradan las cuencas, fomentan la erosión y repercuten en el desborde de ríos y quebradas.

Se trata de que cada uno dibuje mentalmente un mapa de riesgo. Significa educar para un cambio en las percepciones para que el riesgo no se entienda como sinónimo de una emergencia cuando ya no hay nada que hacer.

Estas medidas de reconocimiento de las propias vulnerabilidades implican además promover su reversión a partir de la restauración de ecosistemas y paisajes, la promoción de prácticas agrícolas, sistemas de construcción de vivienda y de obra pública que cuiden la naturaleza y sean adaptables al cambio climático. No hay otra salida porque no es posible planificar ningún tipo de desarrollo ni utopía si no actuamos prontamente como sociedad frente a nuestra vulnerabilidad en el contexto del cambio climático.

Columna de opinión publicada en el diario digital Contrapunto de El Salvador.

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