Posteado por: periodistarural | 28 noviembre 2011

Inversiones extraterritoriales en zonas rurales: ¿Factor de dinamismo o de desigualdad?

Las inversiones extraterritoriales pueden ser un factor clave en el desarrollo de los territorios, pero también generar importantes conflictos con las dinámicas económicas y sociales preexistentes. Así lo constatan estudios recientes de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

En el marco de su programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR), Rimisp ha abordado distintos factores que inciden en un desarrollo inclusivo y sostenible de las áreas rurales, entre ellos el rol que cumplen las inversiones extraterritoriales. Según sus estudios, dos condicionantes clave para que estas inversiones se constituyan en un aporte para el territorio son el encadenamiento productivo con empresas locales y la oferta laboral que abren a los habitantes locales. Los investigadores sostienen que para que esto ocurra, la política pública cumple un rol fundamental.

El programa analizó los casos de la industria hidrocarburífera en Tarija (Bolivia), la industria agroalimentaria en la Región de O’Higgins (en la zona central de Chile) y el desarrollo acuícola en Chiloé (en el sur de Chile), planteando una serie de factores relevantes en los resultados e impactos de estas inversiones.

INVERSIONES CON EFECTOS DIVERSOS

Según el programa DTR, aunque las inversiones extraterritoriales varían de manera importante dependiendo de los contextos, muchas veces corresponden a industrias intensivas en capital, y siempre están vinculadas a mercados dinámicos nacionales o internacionales. Las inversiones que realizan casi siempre escapan a las posibilidades de las empresas locales, y transforman fuertemente la economía del territorio y las reglas de acceso y uso de los recursos naturales.

Los investigadores sostienen que los efectos de estas inversiones sobre el desarrollo territorial rural pueden ser muy diversos. Hay casos donde han impulsado únicamente dinámicas de extracción de excedentes económicos, limitando la integración de los emprendedores locales al desarrollo territorial. Esto sucede en las denominadas economías de enclave, donde grandes inversiones, dependientes de economías de escala y poca capacidad de encadenamientos productivos en los territorios, conllevan procesos de exclusión para otro tipo de actividades económicas locales.

Lo contrario ocurre cuando las inversiones establecen relaciones fuertes con otras empresas locales a las que compran bienes o servicios, o cuando se trata de actividades productivas en el uso de mano de obra relativamente bien remunerada. Bajo ciertas condiciones, estas relaciones dan origen a los clústeres, que implican una articulación amplia de actores (productores, proveedores, instituciones gubernamentales, universidades, agencias reguladoras, asociaciones de comercio, etc.) que interactúan y se articulan en lógicas de competencia y colaboración. Esto se traduce en un aumento de la productividad de las empresas de la zona y en fuertes incentivos para la innovación y formación de nuevas empresas.

De este modo, los proyectos de inversión privados extraterritoriales plantean una disyuntiva de política a partir de los posibles espacios de conflicto con las dinámicas económicas y sociales preexistentes. Si bien son potenciales factores de dinamismo económico local, también pueden ser fuente de desigualdad y exclusión territorial, sin mayor impacto en la reducción de la pobreza.

UN DESARROLLO INCLUSIVO

Las investigaciones del programa Dinámicas Territoriales Rurales plantearon la pregunta sobre cuáles son las condiciones para que las inversiones extraterritoriales conduzcan a resultados favorables en los territorios, tanto en crecimiento económico como en inclusión social. Al respecto, destacan cuatro puntos centrales.

Primero, que las inversiones generen encadenamientos productivos verticales (a lo largo de una determinada cadena de valor) y horizontales (entre cadenas) de base local, utilizando bienes y servicios provistos por pequeñas y medianas empresas de la zona. Esto puede tener importantes efectos multiplicadores en la economía territorial.

Segundo, que las empresas otorguen nuevas oportunidades de trabajo decente para los habitantes del sector. Cuando esto ocurre, generalmente tiene un impacto positivo en sectores tradicionalmente de menor empleabilidad, como las mujeres y los jóvenes. Además, ayuda a revertir la tendencia a la emigración desde zonas rurales e, incluso, incentiva la llegada de nuevos habitantes. Sin embargo, las investigaciones sugieren que las condiciones laborales en este tipo de industrias muchas veces distan de los estándares mínimos que hoy imponen los mercados más exigentes, lo que plantea el desafío de impulsar marcos regulatorios que contrarresten esta situación.

Un tercer punto se relaciona con la construcción de marcos institucionales para el acceso y uso equitativo de los activos naturales, de modo que las grandes inversiones extraterritoriales no coarten las posibilidades de las comunidades locales de acceder y usar de forma sostenible los activos existentes en su territorio. Por esto, se plantea la necesidad de políticas que promuevan un balance y complementariedades entre actividades alternativas, y favorezcan modos alternativos de producción para la pequeña y mediana empresa.

Por último, el estudio destaca el rol de los actores sociales para articular discursos y proyectos que integren intereses a favor de mejor calidad de vida en el territorio. Los espacios de diálogo y decisión público-privada juegan un papel importante en este sentido.

POLÍTICA PÚBLICA

Los estudios del programa DTR destacan el rol fundamental que tiene la política pública en potenciar los beneficios de la inversión privada extraterritorial y reducir los conflictos que ella puede generar, e indican que una condición fundamental es enmarcar estas inversiones dentro una estrategia de desarrollo territorial que compatibilice criterios de eficiencia económica con objetivos de equidad, cohesión social y sustentabilidad ambiental.

LOS CASOS ESTUDIADOS

Expansión de la industria de hidrocarburos en Tarija. El caso muestra que las inversiones extraterritoriales tienen efectos determinantes sobre las dinámicas territoriales, como ha ocurrido en la última década con la explotación de hidrocarburos en la zona del Chaco, en el departamento boliviano de Tarija, donde se concentra el 30% del petróleo y el 56% del gas natural del país. Se estima que allí las inversiones produjeron un cambio substancial en la estructura productiva de la economía departamental, en las finanzas públicas y en el peso relativo de cada subterritorio. La mayor renta fiscal ha habilitado la acción del Estado mediante inversión pública y ha motivado también cambios en la institucionalidad para facilitar la expansión de la industria del gas y cambios en la normativa para regular la distribución descentralizada del ingreso fiscal.

Inversiones para riego agrícola en Chile. La Ley de Riego de 1985 estableció el subsidio de hasta un 75% del costo de implementación de obras de riego o drenaje y de inversiones en equipos y elementos de riego mecánico. En el secano interior de la Región de O’Higgins, en la zona central del país, esto fue un potente estímulo a la inversión privada en la agricultura y fue un claro motor de la transformación del territorio, donde entre 1990 y 2009 se financiaron 117 proyectos privados de riego, por un monto total de más de US$ 8,2 millones. Sin embargo, del monto total, solo el 12% correspondió a pequeños agricultores y la gran mayoría (73%) a medianos agricultores, que en la práctica son más bien grandes. En materia de políticas públicas, esto llama a incorporar criterios de inclusividad en iniciativas de este tipo.

Salmonicultura en Chiloé. Impulsada principalmente por actores e inversiones extraterritoriales, la industria acuícola en este archipiélago del sur de Chile tuvo una fuerte expansión durante las últimas dos décadas, abriendo un nuevo mercado laboral en un territorio donde predominaban las actividades agrícolas y pesqueras, generando negocios para empresas prestadoras de servicios. Sin embargo, a partir de la crisis producida por el virus ISA en la salmonicultura, que generó despidos masivos y evidenció los problemas ambientales de la producción intensiva de salmones, la industria se ha visto obligada a repensar su relación con el territorio para poder sostener su base de apoyo local y nacional.

Para más información sobre la Serie Políticas para el Desarrollo Territorial, visite
www.rimisp.org/dtr/politicasterritoriales

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