Posteado por: periodistarural | 6 diciembre 2011

Mujer rural, empoderamiento económico desde la perspectiva territorial

Por Claudia Serrano
Directora ejecutiva de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Si bien en las últimas décadas la condición social de las mujeres se ha convertido en objeto de políticas públicas, y su incorporación en diversos ámbitos de la sociedad es creciente y sostenida, las mujeres rurales pobres siguen enfrentando condiciones de discriminación.

Los indicadores de pobreza en América Latina han descendido de manera considerable: de un 43,9% para el año 1999 a un 33,1% para 2009 y, en el caso de la pobreza rural, de un 63,7% a un 52,8% (CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2010). Esta tendencia global de progreso ha beneficiado a las mujeres, que han visto aumentar su participación en el mercado de trabajo, mejorar su escolaridad, disminuir el número de hijos, acceder a un nivel mínimo de ingreso familiar y contar con atención pública de salud, entre otros.

Pero aún no es posible decir que las mujeres pobres rurales se encuentran en una buena situación. Mantienen un menor acceso a los recursos productivos de todo tipo en comparación con los hombres, y un menor acceso a los activos, insumos y servicios de la más diversa índole. Esto no es exclusivo del mundo rural, pero se exacerba en la ruralidad, dado que los principales insumos son el acceso a la tierra y el agua, como también la posibilidad de desempeñar labores de carácter productivo que impliquen el manejo de tecnologías o conocimientos específicos que, por lo general, son de control masculino.

Si bien las mujeres participan en los procesos de desarrollo, aún no gozan del reconocimiento propio del trabajo, como los hombres. Pasan a ser “invisibles” en las estadísticas al no declararse como empleadas en la agricultura, pues ven su trabajo como una ayuda a las labores masculinas.

En cambio, sí señalan ser dueñas de hogar o responsables de labores domésticas no reconocidas ni remuneradas. Aun así, las mujeres representan en promedio el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo y alrededor de un 20% en América Latina (FAO, El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Las mujeres en la agricultura. 2010, Roma).

Los programas de alivio a la pobreza basados en transferencias de ingresos, que en América Latina benefician al 19% de la población (cerca de 113 millones de personas), han contribuido a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como el acceso a los servicios de educación y salud, pero son miopes desde la perspectiva de género. Falta todavía avanzar en la línea de ampliar la autonomía de las mujeres como sujetos económicos y autónomos en la toma de decisiones sobre su vida y oportunidades. Esto consiste en integrarlas a procesos económicos con perspectivas de éxito productivo y comercial, en las que ellas puedan desarrollarse, participar plenamente, aportar sus conocimientos y experiencias, y adquirir nuevos conocimientos y destrezas. Es decir, no se trata de buscar mejoras de ingreso, ni de acceso al mercado de cualquier forma, sino de oportunidades para su empoderamiento económico, fortaleciendo el ejercicio de sus derechos. Es aquí donde se construye una poderosa conexión entre el enfoque territorial del desarrollo y la perspectiva de género.

El enfoque de desarrollo territorial se ocupa de ampliar las oportunidades de crecimiento económico inclusivo, agregando valor a la configuración de activos presentes en los territorios mediante dinámicas de encadenamiento productivo, innovación y ventajas competitivas derivadas de las economías de aglomeración. En los territorios están las dotaciones de recursos económicos y productivos que, sumados a recursos sociales, institucionales y culturales, permiten a sus habitantes desarrollar emprendimientos y ampliar su participación, desactivando un mecanismo perverso del proceso de crecimiento económico en América Latina: su tendencia a perpetuar la desigualdad.

Desde la perspectiva de género, el desarrollo territorial rural entrega una visión ampliada de los “sistemas socioculturales de género que producen y reproducen todos los actores y coaliciones en un territorio, y que norman las relaciones entre ellos y su acceso a activos” (Paulson, y Equipo Lund, Pautas conceptuales y metodológicas. Género y dinámicas territoriales, Rimisp-DTR, 2011). Las políticas de desarrollo territorial, al ser localizadas, permiten una mayor inclusión de la mujer y la empoderan a través de programas acordes con el entorno sociocultural en que están inmersas. A la vez, permiten mejorar el desempeño económico territorial ofreciendo capacitación, entrenamiento y acceso a activos a un actor económico que, de manera invisible, se está desempeñando en los territorios rurales en actividades productivas, organizativas y reproductivas.

Columna publicada en Revista Equitierra Nº10. Léala entrando a:
www.rimisp.org/equitierra

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