Posteado por: periodistarural | 22 febrero 2012

Sistemas de género en la Cuenca Ostúa-Güija, Guatemala: Nueva institucionalidad v/s viejas prácticas

Por Victoria Peláez
Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala.


Los enfoques más recientes definen al desarrollo territorial rural como un proceso de transformación en dos esferas: la productiva y la institucional, con el objetivo de reducir la pobreza rural
.

Así, el territorio, concebido como un espacio que trasciende el escenario físico e involucra múltiples factores (políticos, económicos, culturales, entre otros), constituye un contenedor de relaciones donde subyacen dinámicas de poder influidas por las instituciones.

Los sistemas de género comprenden y a la vez son expresión de instituciones tales como el sistema político, las organizaciones sociales, la religión, las normativas locales, entre otros. El enfoque de género, propiamente tal, trasciende el análisis específico y descriptivo sobre las mujeres y, en su carácter sistémico, considera analizar identidades, prácticas y relaciones de todos los actores –mujeres y hombres- en el territorio. Más que detenerse solamente en los impactos de las dinámicas territoriales en las mujeres, se busca observar y explicar cómo las características y dinámicas de género condicionan y determinan las dinámicas territoriales; y viceversa. Desde la mirada de género, entonces, el factor institucional –visto como el conjunto de restricciones impuestas por la sociedad para regular la interacción entre las personas- es decisivo.

En el caso específico de la Cuenca Ostúa-Güija, en Guatemala, uno de los 19 territorios estudiados en América Latina por el programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, el territorio llamó la atención por la convergencia de factores institucionales y físicos que explican dinámicas territoriales exitosas, observadas éstas en la reducción de la desigualdad paralelo a un aumento en el consumo per cápita. Entre las dinámicas destacó la existencia de un estrato de pequeños y medianos propietarios de tierra que, junto a un amplio comercio de bienes y servicios generó una capa media de asalariados. Se observó también una diversificación productiva, acceso a tecnología e infraestructura relativamente mejor que el resto del país y acceso a mercados, internos y externos, junto con un ingreso constante de remesas que contribuyeron al incremento del consumo y del mercado.

A estas observaciones se sumó el análisis de género en las dinámicas territoriales, básicamente en dos espacios: la economía y la política. Con base en encuestas locales, como la de condiciones socioeconómicas, y relatorías de talleres realizados con grupos de mujeres, se llegó a la conclusión de que las relaciones de género no estuvieron ajenas a los factores de dinamismo: agricultura, comercio y migración.

Dichos factores provocaron transformaciones como, por ejemplo, que la implementación de cultivos para exportación, con la consecuente integración de propietarios minifundistas, derivara en la intensificación del trabajo femenino en la agricultura familiar. Asimismo, la incursión de empresas empacadoras de vegetales demandó mano de obra femenina. Ambas actividades propiciaron transformaciones interesantes, como el incremento del trabajo asalariado y la formalización de espacios laborales para las mujeres. Lo anterior potenció el nivel de reconocimiento del trabajo femenino.

La migración internacional también se identificó como un factor de transformaciones: la ausencia de la figura masculina, típicamente reconocida como “jefe de hogar”, ha provocado que las mujeres asuman responsabilidades en la agricultura familiar y tomen decisiones relacionadas con los negocios o inversiones del  hogar (por ejemplo, hacerse cargo de la agricultura familiar). Con esto y el acceso a recursos como dinero o bienes, a través del salario devengado, el panorama aparece más promisorio para ellas.

Los cambios mencionados han ocurrido de la mano de un contexto favorable –en relación con el resto del país- en cuanto al acceso a servicios de educación y salud, innovaciones tecnológicas para la agricultura y también cambios en el marco institucional. Sin embargo, estos cambios son insuficientes en términos de lograr una equidad de género, pues las mismas instituciones arraigadas en los territorios y legitimadas culturalmente por décadas, han fortalecido un sistema de actividades “generizadas”, que limita la participación de las mujeres en ciertos ámbitos como el laboral. Las desigualdades en el acceso a los activos y en la distribución del ingreso, así como también en términos de oportunidades y de acceso al poder político son otros síntomas patentes de esta institucionalidad, que creció como un árbol torcido difícil de enderezar. Por ello, cualquier avance puede ser sustantivo.

Hoy, y gracias a los cambios experimentados por las mujeres en su situación cotidiana, existe más consciencia de esas desigualdades que condimentan el día a día. Muchas de ellas son capaces de descubrir con claridad la invisibilización de su trabajo doméstico, los obstáculos que deben sortear para acceder a espacios laborales remunerados; las relaciones de poder asimétricas que priman en los hogares e, incluso, el rol de las propias mujeres en la reproducción de los patrones de género.

Sobre ese cimiento se ha ido construyendo un panorama social en el que las instituciones, expresadas como el reconocimiento económico del trabajo masculino y no del femenino, y los imaginarios acerca del trabajo de la mujer como complementario al ingreso del hogar y dependiente de las responsabilidades domésticas, limitan el equilibrio en los impactos de la actividad económica.

Estas relaciones de género no son exclusivas del ámbito económico: en los espacios sociales y políticos, la dirección de las organizaciones locales como los Consejos Comunitarios de Desarrollo, Concejos Municipales y gobernaciones departamentales suelen estar en manos masculinas. A las mujeres se las ve activas en instancias comunitarias y agrupaciones religiosas, es decir, al margen del ámbito que rebasa lo local y con escaso acceso a cargos de elección o de dirección; lo cual corrobora los sesgos de género que hemos venido mencionando.

En este escenario, es difícil establecer dónde empieza el círculo; de allí que hablemos de sistemas de género que se entremezclan con las dinámicas territoriales. Sin embargo, está claro que un buen punto de partida es apuntar a una nueva institucionalidad, para lo cual es importante –más no lo único- la implementación de políticas y vincular las instancias formales que promueven la participación de las mujeres en todos los ámbitos.

Si las políticas públicas tienen el potencial de institucionalizar construcciones sociales, por esta misma vía sería posible lograr que los asuntos públicos reflejen las demandas de mujeres y hombres por igual y promuevan transformaciones en las cotidianeidades del territorio, de manera que las relaciones positivas en el plano microsocial trasciendan a los espacios más amplios; por ejemplo, el reconocimiento social y político del trabajo de las mujeres.

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