Posteado por: Rimisp | 27 junio 2012

Retos rurales para el nuevo gobierno

Por José Antonio Mendoza Zazueta
Secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

La relación con los mercados y la penetración de preceptos urbanos han transformado profundamente al México rural tanto en las fuentes de ingreso y empleo, como en la estructura familiar, los patrones de consumo y las aspiraciones de vida.

Algunos datos confirman tal idea: mientras en la segunda década del siglo pasado la participación del empleo agrícola en el total rebasaba 70%, en 2010 se redujo a 13.4. Asimismo, hay un marcado envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y propietarios minifundistas (que son la gran mayoría de los productores del país), pues su edad promedio es de 55 años y casi la mitad supera los 65 años, y hay un creciente número de mujeres titulares de tierras y jefas de hogares rurales, fenómenos éstos derivados de la migración, sobre todo de hombres jóvenes.

Estos cambios, sin embargo, no han sido acompañados por un proceso de desarrollo económico dinámico capaz de reducir la pobreza rural y de reacomodar a la población rural, dispersa en 194 mil localidades, sobre todo, en el sur-sureste del país.

Por ende, las zonas rurales parecen condenadas a recurrir a la ayuda externa en forma de trasferencias públicas y privadas, y a la emigración, muchas veces en condiciones ilegales y peligrosas. Y algo muy grave, su población está expuesta frecuentemente a incurrir en actividades ilícitas, vistas como una salida fácil a la pobreza.

Esta situación ocurre no obstante las potencialidades evidentes en el territorio rural y al enorme valor del patrimonio natural en manos de sus habitantes; patrimonio significativo no sólo por la producción de alimentos y la riqueza de la cultura y la biodiversidad, sino también por el papel que juega en la preservación del medio ambiente y en la contención del cambio climático.

Así, este panorama representa un gran reto para el gobierno que asumirá funciones en diciembre próximo; es un desafío en términos de política agrícola y medioambiental, pero sobre todo en materia de superación de la pobreza. Recordemos que 60% de la pobreza extrema, la que conlleva hambre, está en el medio rural (en comunidades con hasta 5 mil habitantes).

El ámbito rural presenta una serie de indicadores relativamente recientes, que fundamentan la transformación del perfil rural arriba mencionado, y que deben ser parte del análisis y la reflexión que den pie a una nueva política de combate a la pobreza. He aquí algunos de esos indicadores:

-Hay un alto número de pobladores rurales sin tierra. De los 3.4 millones de familias rurales beneficiarias de Oportunidades, 61.5% carece de tierra, y el restante 38.5 que si tiene (propia o en usufructo) sólo cuenta en promedio con 2.9 hectáreas, en su gran mayoría de temporal (dependiente de la lluvia).

Se agudiza el minifundio. Entre 1990 y 2007 el número de unidades de producción rural se incrementó en 26% mientras que la superficie involucrada sólo creció en 4.1%. En promedio los predios de propiedad social bajaron de 9.12 a 7.5 hectáreas en el periodo, pero esta cifra considera tierra en áreas de semidesierto; en realidad las explotaciones agrícolas, productivas, del sector social son menores a dos hectáreas en su gran mayoría. Los propietarios privados también son minifundistas; por lo menos 70% tiene predios de dos o menos hectáreas.

-Hay una alta dependencia de subsidios públicos. Los ingresos por concepto de trabajo independiente agrícola y no agrícola en localidades menores a dos mil 500 habitantes representan 17.8% del total, mientras que las transferencias, publicas en su mayoría, alcanzan 21.7% del ingreso. Para el caso de la población del primer decil de ingresos, donde se ubica la mayor parte de la población rural, los porcentajes son 16.5 y 40.3.

-A mayor ruralidad (esto es, a menor cantidad de población por localidad), hay mayor pobreza extrema y mayor dependencia del empleo agrícola y de los programas asistenciales.

-Si bien la transacción formal de tierras —prevista e incluso temida con los cambios al artículo 27 constitucional de 1992— ha sido mínima, de 2.9% de los 105 millones de hectáreas ejidales y comunales, hay un alto rentismo en las zonas agrícolas comerciales, de alrededor de 50%.

Columna de opinión publicada en Diario El Universal de México

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