Posteado por: Rimisp | 28 junio 2012

Desigualdades que limitan la buena gobernanza

Por Ana Victoria Peláez
Académica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

El crecimiento económico no garantiza la buena gobernanza: esa es una de las conclusiones a la que llegó el estudio realizado en conjunto con Manuel Lemus y Edwin Ríos, de la guatemalteca Universidad Rafael Landívar, en el marco del programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) que coordina Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

El estudio se realizó en el territorio de Ostúa – Guija, de Guatemala, para establecer la relación entre desigualdad económica y social, y la gobernanza en el uso de los recursos naturales. Estudios similares realizaron otros equipos de investigación en territorios de El Salvador y Nicaragua.

Al hablar de gobernanza de los recursos naturales, nos referimos al conjunto de políticas, procedimientos, prácticas y organizaciones para la gestión de conflictos entre actores relacionados con el acceso y uso de recursos naturales. Está determinada en gran medida por los intereses económicos, políticos y ambientales.

Se trata de un tema fundamental en el análisis territorial, dado que las dinámicas económicas en general han influido en la pérdida de capital ambiental; pero también porque, se quiera o no, entre las y los actores de los territorios hay una competencia, visible o invisible, por el acceso a los recursos naturales.

Las relaciones de poder, los acuerdos institucionales y las coaliciones territoriales influyen en el uso adecuado de los recursos naturales y las dinámicas alrededor de ellos; por ejemplo, en  los conflictos socioambientales o bien en el deterioro del capital ambiental en los territorios.

Los casos analizados muestran que cuando las comunidades están cohesionadas y mantienen un sentido de pertenencia al territorio, es más factible institucionalizar los procedimientos; más aún, si éstos se logran vincular con las instancias oficiales (por ejemplo, entre el sistema jurídico maya y el sistema jurídico oficial, en el caso de Guatemala).

Cuando hay altos niveles de desigualdad económica y política, las instituciones y arreglos sociales tienden a favorecer a quienes tienen más capacidad de influencia. Y si los intereses de los grupos de poder no están asociados a la gestión sostenible de los recursos naturales, el capital natural del territorio está en riesgo permanente.

Una de las razones para la débil gobernanza en el uso de los recursos naturales se encuentra en las escasas posibilidades de aplicación del marco legal, debido a prácticas institucionalizadas en las que predominan las relaciones de poder, muchas veces influidas por élites económicas locales, en algunos casos, extraterritoriales.

En la buena gobernanza de los recursos naturales incide la capacidad de gestión de las autoridades, particularmente en el nivel local. Así, también, su liderazgo y capacidad de gestión de tal manera que logre articular lo técnico con lo político; el nivel local con el nivel central. Los casos observados tienen sus particularidades y las diferencias entre los gobiernos locales se pueden explicar en buena parte por su historia, la estructura agraria y, sobre todo, las instituciones y actores. Estos últimos están altamente asociados a la existencia de prácticas democráticas o clientelares, al cumplimiento de la ley y de los procedimientos.

En Guatemala se estudiaron los casos de dos municipios con alto dinamismo económico y menos pobreza (Santa Catarina Mita y Asunción Mita), y de un municipio con más pobreza (San Carlos Alzatate) que, a diferencia de los anteriores, presenta menor desigualdad en el acceso a activos. En los tres se tuvo un acercamiento a los procesos que siguen sus habitantes para gestionar el uso de los recursos naturales, tales como árboles, uso de suelos, extracción de minerales, entre otros, y denuncias relacionadas con el mal uso de dichos recursos.

El marco legal no es suficiente: es necesario también contar con instituciones (normas, valores, prácticas y actores) que permitan cumplir con la ley. Una mejor gestión de los recursos naturales pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad de los gobiernos locales en materia ambiental.

Es importante también promover la auditoría social. Hoy por hoy la cultura de no denunciar  parece prevalecer, principalmente por tres razones: el desconocimiento de las posibilidades legales por parte de las personas afectadas, el temor a represalias, y la creencia en que los casos no tendrán seguimiento. Parte de los desafíos en este sentido está en construir una institucionalidad en la que el bien común prevalezca sobre el interés particular.

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