Posteado por: Rimisp | 11 julio 2012

Un enfoque policéntrico en la gobernanza del uso de los recursos naturales mejora su calidad

Por Helle Munk Ravnborg
DIIS (Danish Institute for International Studies) – Dinamarca

Esta es una de las conclusiones de la investigación sobre la gobernanza territorial del uso de los recursos naturales, conducida en Nicaragua por Ligia Ivette Gómez y Rolando Buitrago de Nitlapan, en conjunto con Helle Munk Ravnborg del DIIS (Danish Institute for International Studies), en Dinamarca.

El hecho de que existan mecanismos institucionalizados para que más entidades participen en las inspecciones in-situ y en la toma de decisiones, con respecto a las solicitudes de aprovechamiento de los recursos naturales y las denuncias sobre explotaciones no autorizadas, limita el espacio para prácticas discrecionales en la gobernanza del uso de los recursos naturales. O, como nos explicó la técnico ambiental en el municipio de Condega, en Nicaragua, “contribuye a asegurar la uniformidad en la toma de decisiones”.

Como muchos otros países latinoamericanos, Nicaragua se caracteriza por una desigualdad muy fuerte, tanto económica como política. Esta desigualdad se refleja, por ejemplo, en la distribución de la tierra. Aunque el municipio de Condega no se escapa de esta realidad, hay una parte significativa de los hogares rurales dueños de tierras que logran sostenerse, por lo menos en parte, como agricultores independientes. Más allá de la importancia económica, esto los hace sentirse ciudadanos con derechos y deberes. A partir de la revolución sandinista, este sector de la población ha participado en la vida política en el municipio, ya sea  individualmente o a través de organizaciones comunitarias y cooperativas.

Lo anterior sumado a la ausencia relativa de los terratenientes de la vida política local, ya que tienden a vivir fuera del municipio, ha llevado al desarrollo de prácticas institucionales como las reuniones mensuales de la comisión ambiental, que cuenta con la participación regular tanto de las instituciones del Estado como ONGs y representantes comunitarios, además de las inspecciones in-situ compartidas entre varias instituciones, como por ejemplo el ministerio competente y la policía municipal. Esto implica que la gran mayoría de los contactos hechos por ciudadanos con la alcaldía, en lo que respecta a los recursos naturales, reciben respuesta. Además, implica  que esta respuesta está basada en procedimientos técnicos, cuya transparencia o ‘uniformidad’ está asegurada –en parte– por la participación de varias instituciones competentes y no solo la del técnico ambiental o del alcalde. En Condega, en promedio, participan en las inspecciones oficiales de 1.9 instituciones, a raíz de solicitudes de aprovechamiento. Y de 2.8 instituciones en las inspecciones realizadas a raíz de las denuncias.

En otra parte del país, en la zona lechera de Santo Tomás, el contexto político y económico para la gobernanza del uso de los recursos naturales es distinto. En esta zona, y particularmente en los municipios de Villa Sandino y San Pedro de Lóvago, domina un grupo pequeño de ganaderos fuertes. A pesar de los intentos, por ejemplo por parte de los encargados ambientales municipales, no se han logrado institucionalizar prácticas que aseguren la toma de decisiones transparentes y basadas en criterios técnicos. Aquí, la autorización de las alcaldías en temas relacionados con los recursos naturales es menos solicitada por parte de la población. Una mayor proporción de las solicitudes y denuncias presentadas no reciben respuesta alguna, o bien reciben respuestas que no tienen aporte en inspecciones in-situ. Por último, en las inspecciones que se realizan, participan en promedio oficiales de entre uno y 1.7 instituciones.

Estos resultados confirman que prácticas institucionales que limitan el espacio para la toma de decisiones mejoran la calidad de la gobernanza del uso de los recursos naturales. No obstante, permanece el desafío de asegurar la voluntad política e institucional para que estas prácticas obtengan la permanencia que se requiere, operando como protección efectiva de los derechos democráticos, en contextos donde aún estos no se han arraigado.

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