Posteado por: periodistarural | 23 noviembre 2012

Revisión histórica de políticas contra la pobreza rural

Por José Antonio Mendoza Zazueta
Secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

Hace cien años la pobreza en México afectaba particularmente al medio rural y en específico al sur-sureste mexicano. Hoy día la situación persiste tal cual –incluso agudizada en términos absolutos-, no obstante que en este largo periodo el Estado ha desarrollado políticas enfocadas en principio al reparto agrario —en especial a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas— que tuvieron en su momento el efecto de cerrar las brechas sociales, y luego, desde los años 60, políticas orientadas a confrontar la pobreza.

Los datos al 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que, medida por ingresos, la pobreza patrimonial afecta a 60.82 por ciento de la población rural, mientras que la urbana la sufre en 45.53 por ciento; la pobreza de capacidades afecta a 37.84 por ciento de las personas en el medio rural, contra 19.99 en el urbano, y la más grave, la pobreza alimentaria, es padecida por 29.27 por ciento de los pobladores rurales (más de 12.3 millones de personas en números absolutos que concluyen cada día con hambre), en comparación con 12.59 por ciento en el ámbito urbano (casi 8.9 millones de personas con hambre).

El Grupo Diálogo Rural México (GDR), una instancia que ha venido trabajando desde enero de 2011, en el marco del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, con el objetivo específico de generar propuestas de política pública para confrontar la pobreza rural de manera eficaz, y que estas propuestas incidan sobre los tomadores de decisión, ha generado el documento Elementos para la construcción de una política, que analiza el quehacer histórico del Estado y la institucionalidad en esta materia.

Observa entre otros fenómenos cómo el reparto de tierras ordenado por la Ley Agraria de 1915 fue llevado al extremo —con su término pospuesto hasta inicios de los 90— a tal grado que las muchas tierras de mala calidad, improductivas, en laderas y pendientes entregadas en los últimos tiempos del reparto y la parcelización excesiva derivaron en un efecto perverso de acrecentamiento de la pobreza y la desigualdad.

En un principio ese reparto fue positivo social y económicamente para el país. Durante su vigencia se alcanzó la mayor reducción documentada de la pobreza rural, al pasar de 62 por ciento a 24 por ciento entre 1960 y 1964, y entre 1950 y 1965 se logró el mayor crecimiento sostenido del PIB primario, con un 5.7 por ciento promedio anual en esos 15 años. El problema fue llevar al extremo el reparte.

También este análisis del GDR observa la falta de continuidad y los cambios y giros recurrentes que –debido a decisiones macroeconómicas- se dieron en las acciones y programas públicos emprendidos desde los 60’s y hasta la fecha contra la pobreza y a favor del desarrollo rural. Al respecto, recuerda por ejemplo acontecimientos de los años 80’s y 90’s (como la crisis de la deuda de 1982, la contracción del crédito productivo, la inserción de México en el Tratado de Libre Comercio, etcétera) que colocaron al campo y al medio rural en niveles de baja prioridad nacional (por la perspectiva gubernamental) y que motivaron caída del PIB sectorial, agudización de la migración y aumento en la dependencia alimentaria.

El mencionado GDR –cuyo liderazgo ha estado en el rector de la UNAM, José Narro Robles, y del secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, e involucra a académicos, políticos, representantes de organizaciones sociales y empresarios- concluye entre otras cosas que la pobreza rural persiste hoy día en tal magnitud que atenta y vulnera los derechos sociales y aun políticos consagrados en la Constitución. Pero además limita el crecimiento económico del país, incide negativamente en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, propicia la emigración rural-urbana, trastoca los arreglos familiares y la cohesión social, y puede encontrar en la actividad ilícita una “ruta alternativa”.

El documento del GDR, que pretende ser una contribución para el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante, establece que afrontar de forma eficaz el flagelo de la pobreza en el medio rural es una prioridad de justicia social pero también para impulsar mayor crecimiento de la economía.

Columna de opinión publicada en Diario El Universal de México

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: