Posteado por: Julio Berdegué | 20 febrero 2013

Presidente, ¿y qué pasa con el agua potable en Chiloé?

Por Julio Berdegué
Investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y Coordinador del programa Cohesión Territorial para el Desarrollo

Señor Presidente:

El martes 22 de enero dos millones de santiaguinos se quedaron sin agua potable. La prensa nos dice que muchas personas debieron hacer largas filas al sol para recibir entre 2 y 15 litros por familia. Algunos alcaldes debieron recurrir a viejos pozos y a camiones aljibe para sustituir en parte el servicio interrumpido, aunque según algunas autoridades comunales el agua que se entregaba no era realmente potable. Trece mil niños fueron devueltos de los jardines infantiles y cientos de negocios no pudieron funcionar normalmente. La indignación fue tal que usted, el Presidente de la República, debió intervenir, lo cual me parece justo y digno de aplauso: la máxima autoridad del país no puede estar tranquilo cuando hay familias que no tienen agua potable.

Me pregunto sin embargo, señor Presidente, si acaso usted alguna vez ha manifestado su malestar por la situación que se vive en la mitad de las provincias del país, donde hay 20 veces más familias que en Santiago que no tienen nunca acceso a fuentes mejoradas de agua y saneamiento. ¿Ha usted manifestado su malestar y exigido acciones inmediatas en favor del 30% de las familias de Chiloé que todos los días tienen que hacer lo que hicieron por algunas horas los habitantes de Santiago? ¿O por el 20% de las familias de la provincia de Chillán? ¿Siente usted, Presidente, la misma indignación y actúa con la misma urgencia ante el problema que viven los niños de muchos jardines infantiles de Parinacota, o los empresarios que no tienen agua de calidad en Llanquihue, o el de las mujeres de Biobío que cada día deben sacar unos litros de agua de un pozo o caminar a recibirla de un camión aljibe?

¿Y no le molesta a usted, Presidente, que los reporteros de los periódicos o de los canales de televisión nunca vayan a entrevistar a los alcaldes o a los concejales de tantos territorios donde el porcentaje de familias sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento es igual o peor al que Chile en promedio tenía en 1976?

Este caso del corte de agua en Santiago que capturó los titulares y la atención de los políticos es un ejemplo de un problema muy extendido: en Chile –como en los demás países de América Latina- hay grandes brechas territoriales de acceso a servicios públicos y a infraestructura. Usted me dirá, señor Presidente, y con razón: en muchos lugares es mucho más caro que en Santiago llegar con agua potable y con otros servicios que todo habitante de cualquier ciudad importante considera un derecho casi sagrado. Ese es un dato de la causa, pero le pregunto yo cuál es su visión sobre cómo responder a esa realidad, si dejando que el mercado resuelva o no el problema, si “cuidar el presupuesto” con criterios de eficiencia económica y rentabilidad financiera, o si acaso usted se guía por la idea de que hay ciertos servicios que toda chilena y chileno tiene que tener porque viven en un país en el siglo XXI con un PIB per cápita de 16 mil dólares.

Y que conste que no estamos hablando de unos pocos rincones de esta tierra. En el último Censo de Población que está disponible, que es el de 2002, eran ni más ni menos que 186 las comunas (54% del total) donde 25% o más de la población tenía al menos una necesidad básica insatisfecha. Seguramente el nuevo censo de 2012 nos mostrará grandes progresos, pero seguiremos teniendo muchos lugares con rezagos muy importantes.

Presidente, quisiera que las incomodidades que por unas horas pasamos los habitantes de Santiago, lo lleven a considerar si acaso es necesario que el país haga compromisos explícitos de disminución de las brechas territoriales en el acceso a servicios públicos e infraestructura básica. Por ejemplo, que en ninguna comuna del país haya más del doble de personas que en Santiago sin agua potable, sin electricidad, sin teléfono, sin Internet, sin una posta de salud a una hora de camino, sin vivienda decente, sin una escuela con una educación de calidad al menos igual a la de la capital, sin una micro al menos cada tres o cuatro horas. Ese sería, señor Presidente, un país más desarrollado.

Piénselo, por favor.

* Entrada escrita con la colaboración de Yessica Lagos.

Columna publicada en El Quinto Poder (Chile)

Posteado por: Rimisp | 6 febrero 2013

Nueva agenda regional: pacto de cohesión territorial

Por Claudia Serrano
Directora ejecutiva de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Siendo 2013 un año de elecciones, estará cargado de debate político y programático. En este escenario, una parte de la agenda deberá incorporar las reformas que permitan el desarrollo de los territorios. Esto pasa por avanzar en materia de descentralización y regionalización y por impulsar dinámicas económicas y sociales endógenas, sustentables y competitivas en los territorios. Para ello es necesario que seamos capaces de diseñar una propuesta que dé respuesta a dos objetivos: transferir poder al nivel descentralizado y generar, fortalecer y expandir las capacidades de la sociedad en los territorios.

Este enfoque va más allá de profundizar el proceso de descentralización del Estado. Se trata de que en los territorios se potencie una verdadera revolución de capacidades y emprendimientos. Llegó el momento de instalar una discusión sobre el desarrollo de los territorios y regiones, entendiendo que este es un proceso de transformaciones productivas e institucionales que permita que se exprese el potencial de cada territorio.

Tres ideas, inspiran la propuesta: desarrollo, desigualdad y ciudadanía. Primero, es necesario generar las reformas que permitan la expansión del potencial económico y social de los territorios para contribuir a un desarrollo económico más competitivo. Cuando los países más desarrollados no logran dejar atrás los embates de la crisis financiera internacional, América Latina y Chile presentan positivas proyecciones de crecimiento para el 2013. Si bien el desarrollo económico chileno responde en parte importante a la demanda interna, es indiscutible el peso de la demanda externa sobre productos primarios: cobre, celulosa, harina de pescado, vinos, fruta. Este patrón tiene dos implicancias, por un lado colabora a denominar regiones “ganadoras y perdedoras”, de acuerdo a las bondades de sus recursos naturales y, por otro, evidencia las limitaciones de un modelo primario exportador que depende de recursos renovables y no renovables. Persistentemente, tanto CEPAL como la OECD han venido señalando que el buen momento por el que atraviesan Chile y América Latina llama a resolver los desafíos estructurales de su patrón de desarrollo.

Segundo, uno de los consensos ciudadanos que ha sobrepasado la tribuna de los políticos y de los expertos es la profunda disconformidad con los resultados de desigualdad social que derivan del modelo económico. Con un coeficiente de Gini de 0.50, el más elevado de la OECD y uno de los más elevados de América Latina, Chile enfrenta resistencias y limitaciones al crecimiento y un alto grado de exposición a conflictos políticos y sociales que ya han mostrado su potencial perturbador cuando la protesta por la desigualdad sale a la calle. Estas desigualdades tienen expresión social, territorial, de género y étnica.

Tercero, en términos de expresión de ciudadanía, durante los últimos años hemos visto que el sistema político se ve sobrepasado por el esquema democrático de la representación y busca canales innovadores y alternativos de participación y protagonismo: redes sociales, movimientos y protestas. La ciudadanía reclama ser escuchada y considerada en las decisiones públicas y privadas que comprometen su vida cotidiana y sus marcos territoriales. Esta nueva expresión de participación y ciudadanía tiene, en el ámbito territorial, el canal directo y preferente de expresión.

De esta reflexión se desprenden algunas preguntas obvias: ¿cómo puede ser auténticamente líder de procesos novedosos, innovadores, inteligentes y colaborativos un gobierno regional sin prestancia democrática, con pocas competencias efectivas y sometidas a la intervención y prioridad del centro? El requisito democrático, elección directa del consejo y del presidente regional, es imprescindible para dar coherencia y legitimidad al conjunto del esfuerzo regional.

No basta, sin embargo, con estos cambios. Es necesario construir un modelo institucional que brinde a las regiones mayor autonomía para abordar el desafío del desarrollo económico y social. La idea es que tengan una voz propia, fuerte y clara, y construir un nuevo pacto social sobre los derechos y responsabilidades de las regiones y los territorios en decisiones trascendentales que afectan su destino particular y el destino común de Chile.

Este pacto de cohesión territorial supone un compromiso nacional por dar espacio y oportunidad para el pleno desarrollo del potencial de territorios y regiones y por minimizar brechas de desigualdad territorial. Para ello es necesario contar con los medios, lo que remite a un pacto fiscal que brinde más libertad y flexibilidad en el uso de los recursos, sin descuidar los objetivos macroeconómicos nacionales. Todo lo anterior requiere un sistemático esfuerzo de apoyo al desarrollo de capacidades en las regiones y territorios: empresariales y de emprendimiento, de educación e innovación por medio de universidades y centros de educación técnica superior de calidad y enraizados en sus realidades más inmediatas, capacidades sociales para la acción colectiva y el ejercicio de ciudadanía y, por cierto, capacidades para la gestión pública eficiente y eficaz y con mayor transparencia y control social.

Columna publicada en El Quinto Poder

Posteado por: periodistarural | 9 enero 2013

Diplomado en Desarrollo Territorial con Identidad Cultural 2013

poster

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) a través de su Facultad de Ciencias Sociales y Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, a través de su Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC), con el auspicio de la Fundación Ford, presentan un nuevo espacio de formación para impulsar procesos de desarrollo locales que pongan en valor las riquezas culturales, naturales y sociales de los territorios latinoamericanos.

¿QUÉ OFRECE EL DIPLOMADO?

Un espacio de formación orientado a potenciar las capacidades de desarrollo de emprendimientos y estrategias territoriales innovadoras para la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible.

A través de la conformación de una comunidad de aprendizaje integrada por saberes locales y académicos, el diplomado busca que los estudiantes:

  • Comprendan el enfoque de desarrollo territorial con identidad cultural y biodiversidad, e identifiquen las diversas potencialidades existentes para su aplicación.
  • Obtengan competencias para la visibilización de actores y activos bioculturales, la movilización de actores, el diseño de estrategias y el uso de mecanismos de puesta en valor de servicios y productos con identidad.
  • Cuenten con capacidades de autonomía, comunicación y concertación con otros actores (públicos y privados) para la implementación de procesos y proyectos territoriales de desarrollo con identidad.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

El diplomado convoca a un amplio grupo de actores locales, entre ellos:

  • Autoridades públicas y líderes locales.
  • Actores y emprendedores territoriales (productores rurales, agricultores familiares, artesanos, pescadores, operadores turísticos, animadores comunitarios y culturales).
  • Funcionarios públicos, profesionales y técnicos de instituciones privadas de desarrollo.
  • Gestores culturales, de turismo y patrimonio.
  • Empresarios y gerentes.
  • Maestros, docentes e investigadores.
  • Integrantes de organizaciones ciudadanas y movimientos sociales.

Se busca especialmente la participación de jóvenes, mujeres, e integrantes de pueblos indígenas y afrodescendientes.

¿CUÁL ES EL MODELO PEDAGÓGICO Y CURRICULAR?

El diplomado, de modalidad semipresencial, está organizado en 6 módulos con un total de 12 semanas de estudios equivalentes a 180 horas, a cursar entre los meses de febrero a mayo de 2013.

Bajo un enfoque teórico-práctico permite a los estudiantes integrar fácilmente lo aprendido y practicarlo en su territorio.

El diplomado funcionará a partir de comunidades de aprendizaje virtuales, conformadas por estudiantes y docentes, a los que se sumarán maestros y emprendedores locales. Quienes interactuarán a través de actividades pedagógicas presenciales y virtuales que favorezcan el conocimiento y aprendizaje colectivo.

¿QUÉ BUSCAN LOS CONTENIDOS DE CADA MÓDULO?

Módulo 1: Laboratorio Territorial (LABTER): Territorio, identidades, biodiversidad y desarrollo.

Sentar las bases teórico-prácticas para pensar estrategias de desarrollo territorial con identidad cultural. Promover un espacio de conocimiento, diálogo e intercambio entre estudiantes, saberes locales y académicos. Compartir dentro de un territorio prácticas y estrategias locales de producción de bienes y servicios con identidad y estrategias para su desarrollo.

Además el LABTER será el espacio para reconocer y manejar el Campus Virtual PUCP para la fase de formación virtual.

Todos los estudiantes participan del LABTER.

Módulo 2: Conceptos y enfoques. Desarrollo territorial, identidad, biodiversidad y biocultura.

Comprender las bases teóricas del enfoque de desarrollo territorial con identidad cultural. Situar a los estudiantes en el contexto latinoamericano, especialmente la región andina, analizando las variables sociales, económicas y culturales, las principales problemáticas y alternativas para levantar estrategias de desarrollo sostenibles e inclusivas.

Módulo 3: Mapeo de activos y actores para el desarrollo territorial con identidad cultural.

Identificar dentro de una comprensión dinámica del territorio y sus identidades, activos culturales y naturales, actores territoriales y estrategias que permitan visibilizar y crear bienes, servicios, productos y estrategias para proyectos y procesos de desarrollo.

Módulo 4: Diseño de estrategias y proyectos de desarrollo territorial con identidad cultural.

Comprender las principales herramientas y metodologías para elaborar estrategias, proyectos y emprendimientos de desarrollo territorial con identidad. Promover la articulación de actores para la sustentabilidad de las propuestas de desarrollo.

Módulo 5: Estrategias de puesta en valor, marketing territorial y comunicación.

Compartir acciones de puesta en valor y herramientas de comunicación y marketing para promover y sustentar proyectos de desarrollo desde los activos culturales y naturales del territorio.

Módulo 6: Construcción de estrategia de desarrollo territorial con identidad cultural.

Compartir las propuestas de desarrollo en diseño por parte de los estudiantes. Acompañar su proceso final de formulación como proyecto final de diplomado, a través de un espacio de aprendizaje colectivo y apoyo docente.

Con un énfasis práctico, el diplomado convoca a los estudiantes a postular con una idea de proyecto que se irá desarrollando durante todo el programa, obteniendo como resultado el diseño acabado de una estrategia, proyecto o emprendimiento de desarrollo territorial con identidad cultural.

¿QUÉ ES EL LABORATORIO TERRITORIAL?

Es el módulo inicial y presencial del diplomado. Se realizará en el Valle del Colca (Arequipa, Perú) durante una semana, entre el 18 y el 22 de febrero de 2013.

Es un espacio de diálogo e interacción presencial entre los estudiantes, docentes, maestros locales y emprendedores, que estimula el conocimiento y aprendizaje desde los saberes y experiencias locales a través de una semana de trabajo en campo, promoviendo el intercambio entre la comunidad de aprendizaje y aportando a la idea de proyecto de cada estudiante.

¿QUIÉN INTEGRA EL EQUIPO DOCENTE?

Está conformado por un equipo interdisciplinario integrado por académicos e investigadores de destacada trayectoria provenientes de América Latina y Europa. Se suman también maestros y emprendedores locales transmisores de los saberes y prácticas del territorio.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN?

  • Alta motivación para liderizar procesos innovadores de desarrollo territorial basados en la valorización de las diversidades y riquezas bioculturales de los territorios.
  • Manejo computacional básico; acceso a internet de forma regular y cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por el Campus Virtual PUCP.
  • Presentar la siguiente documentación:

-Carta de interés, explicando la motivación para cursar el diplomado.

Ficha de postulación (bajar aquí).

-Curriculum vitae.

-Ciudadanos peruanos: copia de DNI. Ciudadanos extranjeros: copia del  pasaporte o cédula de identidad.

Todos los antecedentes deben ser remitidos al correo electrónico diplomadodtric@pucp.edu.pe, a más tardar el 25 de enero de 2013.

No existen requisitos académicos de formación superior para cursar el diplomado ya que se apuesta a la acreditación universitaria también de los talentos y los saberes locales que no cuentan con una formación académica previa.

Cupos: 50 estudiantes.

El Comité Directivo del diplomado realizará la selección de los estudiantes y evaluará en su mérito los antecedentes presentados.

Los resultados del proceso de admisión se comunicarán a cada postulante vía correo electrónico a más tardar el 6 de febrero de 2013.

¿QUÉ ACREDITACIÓN ENTREGA EL PROGRAMA?

Una vez que los estudiantes aprueban todos los requisitos de evaluación de los módulos, obtienen el certificado de Diploma de Estudios en Desarrollo Territorial con Identidad Cultural, otorgado por la Facultad de Ciencias Sociales de PUCP y Rimisp.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL PROGRAMA?

El costo del diplomado es de S/ 2.600.- (dos mil seiscientos nuevos soles), o USD 1000.- (mil dólares).

El pago contempla:

– Gastos de estadía (alojamiento y alimentación) en LABTER.

– Costos de transporte durante LABTER.

– Seguro de viaje durante el LABTER.

– Materiales.

Los estudiantes deben cubrir el costo de su traslado hasta la ciudad de Arequipa, Perú, donde se iniciará el diplomado a través del Laboratorio Territorial. Deberán estar presentes en la ciudad de Arequipa el 17 de febrero de 2013 en la dirección que se les indicará oportunamente.

¿EXISTEN BECAS?

El programa cuenta con un Fondo de Becas para financiamiento parcial del arancel, dirigido especialmente a jóvenes, mujeres, e integrantes de pueblos indígenas y afrodescendientes con necesidad demostrada de financiamiento, que provengan del Perú y países andinos.

Para conocer el procedimiento de postulación y selección de Becas, solicitar información a la Coordinación del programa.

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA:

Coordinación Académica del Programa:
Romina Seminario. PUCP
Fabiola Leiva Cañete. Proyecto DTR-IC, Rimisp

Coordinación Administrativa del Programa:
Cecilia Gonzales. PUCP

Más información y consultas: diplomadodtric@pucp.edu.pe

Por Tomás Rosada y Julio A. Berdegué

La pequeña agricultura, agricultura campesina o agricultura familiar en América Latina padece de un severo problema de subvaloración. Parte del problema es de definiciones. En América Latina ha predominado una visión que divide a los agricultores entre empresarios y campesinos, donde los segundos serían esencialmente hogares rurales muy pobres y que producen principalmente para el autoconsumo. Este diagnóstico es equivocado, y equivale a lo que sería dividir a las empresas urbanas en dos grupos: grandes corporaciones y trabajadores independientes del sector informal. Esta visión “bipolar” deja fuera del mapa a un enorme sector de agricultores familiares que están insertos en los mercados pero que enfrentan fallas institucionales y de mercado que amenazan su capacidad de continuar contribuyendo al desarrollo económico y social de sus países.

Una mala definición conceptual y operativa es el punto de partida para estrategias y políticas erradas. La agricultura familiar tampoco es la excepción. Organismos de alcance mundial y académicos han intentado encontrar una métrica global, que define como agricultura familiar a unidades con menos de 2 hectáreas de tierra. Esta norma es útil y relevante en gran parte de África y de Asia pero es totalmente inadecuada para las condiciones de América Latina, de la misma forma como es poco útil para nuestros países una definición de pobreza con base en el umbral internacional de 1.25 dólares per cápita por día.

En el caso Latinoamericano el problema con la definición de las 2 hectáreas es que no solamente no refleja la grande varianza en la estructura de tenencia de la tierra de la región, sino que además deja fuera por lo menos dos otras dimensiones esenciales para entender la dinámica de dicho segmento poblacional: la forma de gestionar el factor trabajo y el entorno en el que se desenvuelven los agricultores familiares.

En Brasil, por ejemplo, según la definición internacional de 2 hectáreas habrían alrededor de 1 millón de agricultores familiares con menos de 1 millón de hectáreas y una muy baja contribución económica. La realidad es que en ese país hay poco más de 4 millones de agricultores familiares, con 110 millones de hectáreas, que producen alimentos con un valor bruto de 28 billones de dólares anuales. Aún en países con una fuerte presencia de campesinos pobres y mayoritariamente indígenas como Guatemala, la norma de 2 hectáreas deja fuera a casi el 40% de los agricultores familiares que controlan el 36% de la tierra agrícola del país y el 80% de la superficie de la agricultura familiar.

En total en la región, el estrato más pobre y que practica una agricultura principalmente de subsistencia incluye a poco menos de 10 millones de hogares con 100 millones de hectáreas, pero el segmento de agricultores familiares vinculados a los mercados como productores netos de alimentos incluye a otros 5 millones de pequeñas empresas familiares con 300 millones de hectáreas. El tamaño promedio de las parcelas de los agricultores familiares en nuestra región es del orden de 27 hectáreas, lo que deja en evidencia lo irrelevante del estándar afro-asiático de las 2 hectáreas.

De la misma manera en que se ha reconocido para la agenda de reducción de pobreza y desigualdad, la agricultura familiar es un fenómeno que demanda una abordaje multidimensional para poder atenderlo de manera adecuada. No tiene ningún sustento en la realidad pensar en la agricultura familiar como un fenómeno homogéneo que debe ser atendido principalmente vía políticas sociales. Al menos en lo que corresponde al gran segmento de pequeños productores familiares ya vinculados a los mercados de productos, lo que se necesitan son estrategias con seis pilares fundamentales: primero, políticas para resolver fallas de mercado e institucionales que limitan su acceso a los factores de producción, principalmente a tierra y a capital y a servicios financieros; segundo, mejorar el funcionamiento de los mercados de productos que suelen ser extraordinariamente opacos y concentrados; tercero, mejorar el acceso a tecnología e incentivar la investigación orientada a las prioridades y condiciones de este tipo de pequeñas empresas familiares; quinto, apoyar la asociatividad entre agricultores familiares y entre ellos y otros agentes económicos; y, sexto pero de crucial importancia, estrechar los vínculos funcionales urbano-rurales. Se puede ver que esta agenda no puede ser contenida en una política de “cadenas de valor” como está de moda en muchos países y, a lo menos, las políticas de cadenas de valor deben venir acompañadas de políticas de desarrollo territorial.

Las necesidades del sector más pobre de los agricultores familiares son distintas. Este estrato demanda principalmente apoyo para estabilizar sus niveles de producción en una lógica de seguridad alimentaria a nivel de hogar y de comunidad y acceso a trabajo decente en el sector rural. Hay además un enorme espacio para encontrar sinergias con las políticas que hacen parte de la nueva agenda de inclusión social que tienen una fuerza creciente en numerosos países de la región.

Lo que queda claro en esta discusión es que el grupo de agricultores familiares en Latinoamérica ni son tan pequeños ni son tan poquitos. De allí su potencial y la oportunidad que ofrecen para una estrategia de crecimiento con inclusión en el sector rural de la región. Verlos de otra manera es perpetuar un imaginario de promesa permanente, de alternativa subutilizada, o peor aún, de simple concepto de anaquel.

Columna publicada en el blog Vox.Lacea

Posteado por: periodistarural | 23 noviembre 2012

Revisión histórica de políticas contra la pobreza rural

Por José Antonio Mendoza Zazueta
Secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

Hace cien años la pobreza en México afectaba particularmente al medio rural y en específico al sur-sureste mexicano. Hoy día la situación persiste tal cual –incluso agudizada en términos absolutos-, no obstante que en este largo periodo el Estado ha desarrollado políticas enfocadas en principio al reparto agrario —en especial a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas— que tuvieron en su momento el efecto de cerrar las brechas sociales, y luego, desde los años 60, políticas orientadas a confrontar la pobreza.

Los datos al 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que, medida por ingresos, la pobreza patrimonial afecta a 60.82 por ciento de la población rural, mientras que la urbana la sufre en 45.53 por ciento; la pobreza de capacidades afecta a 37.84 por ciento de las personas en el medio rural, contra 19.99 en el urbano, y la más grave, la pobreza alimentaria, es padecida por 29.27 por ciento de los pobladores rurales (más de 12.3 millones de personas en números absolutos que concluyen cada día con hambre), en comparación con 12.59 por ciento en el ámbito urbano (casi 8.9 millones de personas con hambre).

El Grupo Diálogo Rural México (GDR), una instancia que ha venido trabajando desde enero de 2011, en el marco del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, con el objetivo específico de generar propuestas de política pública para confrontar la pobreza rural de manera eficaz, y que estas propuestas incidan sobre los tomadores de decisión, ha generado el documento Elementos para la construcción de una política, que analiza el quehacer histórico del Estado y la institucionalidad en esta materia.

Observa entre otros fenómenos cómo el reparto de tierras ordenado por la Ley Agraria de 1915 fue llevado al extremo —con su término pospuesto hasta inicios de los 90— a tal grado que las muchas tierras de mala calidad, improductivas, en laderas y pendientes entregadas en los últimos tiempos del reparto y la parcelización excesiva derivaron en un efecto perverso de acrecentamiento de la pobreza y la desigualdad.

En un principio ese reparto fue positivo social y económicamente para el país. Durante su vigencia se alcanzó la mayor reducción documentada de la pobreza rural, al pasar de 62 por ciento a 24 por ciento entre 1960 y 1964, y entre 1950 y 1965 se logró el mayor crecimiento sostenido del PIB primario, con un 5.7 por ciento promedio anual en esos 15 años. El problema fue llevar al extremo el reparte.

También este análisis del GDR observa la falta de continuidad y los cambios y giros recurrentes que –debido a decisiones macroeconómicas- se dieron en las acciones y programas públicos emprendidos desde los 60’s y hasta la fecha contra la pobreza y a favor del desarrollo rural. Al respecto, recuerda por ejemplo acontecimientos de los años 80’s y 90’s (como la crisis de la deuda de 1982, la contracción del crédito productivo, la inserción de México en el Tratado de Libre Comercio, etcétera) que colocaron al campo y al medio rural en niveles de baja prioridad nacional (por la perspectiva gubernamental) y que motivaron caída del PIB sectorial, agudización de la migración y aumento en la dependencia alimentaria.

El mencionado GDR –cuyo liderazgo ha estado en el rector de la UNAM, José Narro Robles, y del secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, e involucra a académicos, políticos, representantes de organizaciones sociales y empresarios- concluye entre otras cosas que la pobreza rural persiste hoy día en tal magnitud que atenta y vulnera los derechos sociales y aun políticos consagrados en la Constitución. Pero además limita el crecimiento económico del país, incide negativamente en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, propicia la emigración rural-urbana, trastoca los arreglos familiares y la cohesión social, y puede encontrar en la actividad ilícita una “ruta alternativa”.

El documento del GDR, que pretende ser una contribución para el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante, establece que afrontar de forma eficaz el flagelo de la pobreza en el medio rural es una prioridad de justicia social pero también para impulsar mayor crecimiento de la economía.

Columna de opinión publicada en Diario El Universal de México

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